SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0971/2005-R

         La uniforme jurisprudencia constitucional ha establecido que la protección que brinda el art. 18 de la CPE, en cuanto al debido proceso se refiere, no       abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo          a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado con la      privación de libertad, por operar como causa de ésta, es decir, cuando          el supuesto   acto ilegal lesiona ese derecho, quedando, por tanto, las demás situaciones bajo la tutela que brinda el art. 19 de la CPE, que, a diferencia del hábeas corpus, exige para su procedencia el agotamiento de otras vías o recursos idóneos para lograr la reparación inmediata del acto o la omisión ilegal. Así lo han dispuesto   las SSCC 1380/2001-R, 1292/2002-R, 1452/2002-R, 359/2003-R, 484/2003-R, 485/2003-R, 772/2003-R,          1054/2003-R, entre muchas otras.