SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1058/2005-R

El recurrente alega la vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica, a la defensa y al debido proceso, por cuanto los recurridos mediante la Resolución Municipal 77/04 dispusieron su suspensión temporal del cargo de Alcalde así como de Concejal a fin de que asuma defensa dentro de un proceso penal por delitos de acción privada, seguido a sus espaldas y con el que no fue notificado, sin ordenar su procesamiento interno previo, en infracción del art. 35 de la LM. Consiguientemente, corresponde analizar si los hechos reclamados se encuentran dentro del ámbito de protección que otorga el art. 19 de la CPE.