SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1002/2006-R

El recurrente afirma que se vulneró su derecho a la seguridad jurídica y la garantía del debido proceso al señalar que los Ministros recurridos rechazaron su solicitud de extinción de la acción penal, sin individualizar cuál de los procesados ocasionó retardo en la tramitación del proceso, y como si fuera un litis consorcio resolvieron su petición en forma conjunta con otras personas ajenas y de distinta actuación procesal a la suya, sin considerar que en su caso, en convicción plena de su inocencia, se sometió plenamente a las autoridades judiciales, nunca abandonó su domicilio, no entorpeció el normal desarrollo del proceso, se comportó con lealtad procesal, y únicamente interpuso una excepción prejudicial de carácter civil, mientras las excusas que formuló no dilatan el trámite, sino que lo reencausan. Por consiguiente, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son ciertos y si se justifica otorgar la tutela solicitada.