SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2281/2010-R

El recurrente en el memorial presentado el 11 de diciembre de 2008, cursante de fs. 18 a 20, manifiesta que en la audiencia de medidas cautelares realizada el 8 de diciembre de ese año, el Ministerio Público lo imputó formalmente, por el delito de violación, solicitando inicialmente su detención preventiva, para posteriormente por el principio de objetividad y de acuerdo con el art. 72 de la Ley 1970, rectificar su petición  requiriendo  por la imposición de medidas sustitutivas de presentación de un garante, así como la de presentarse periódicamente cada quince días, ante la autoridad. Es así que por su parte, presentó documentación que desvirtuaba el peligro de fuga con certificados de nacimientos de sus hijos y residencia que fueron valorados positivamente por el Juez cautelar; lo que no ocurrió con el certificado de trabajo argumentando no estar visado por el Ministerio del Trabajo, determinando la existencia del peligro de obstaculización de la investigación por tratarse de un delito cometido contra una menor, por lo que dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, no obstante de que el Fiscal como titular de la acción no la solicitó como lo establece la SC 1629/2004-R de 11 de octubre, vulnerando de esta manera sus derechos al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y especialmente a su libertad y es más, apartándose de la línea jurisprudencial contenida en la SC 0079/2002-R de 23 de enero, que prohíbe a los Jueces de Instrucción la aplicación o imposición de medidas cautelares, si no es a expresa y fundamentada solicitud de parte, confundiendo de esta manera, la Jueza recurrida, su accionar, como si fuese ella la titular de la acción.