SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2522/2010-R

           El objeto del Código del niño, niña y adolescente, según el art. 1 de la citada norma, radica en establecer y regular “el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña o adolescente con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia”.

           Que de acuerdo a lo expresado, los arts. 5 y 6 del CNNA, disponen que los niños, niñas o adolescentes, como sujetos de derecho, gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a su persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye ese Código, normas que en atención a su finalidad, deben de razonarse e interpretarse velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Constitución, las Convenciones, Tratados Internacionales vigentes y las leyes de la República.

           Disposiciones que fueron el sustento de la jurisprudencia constitucional, que a través de la SC 0796/2005-R, de 18 de julio, manifestó que: “a través de los arts. 214 y 215 del CNNA, el Estado les garantiza el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, en todas sus instancias, y al debido proceso, en cuya tramitación serán tratados con el respeto y consideración que se merecen como personas, sujetos de derechos, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas, periciales, el interés superior de los mismos”.

           “A su vez, el art. 231 del CNNA, señala que la libertad del adolescente y todos los derechos y garantías que le son reconocidos por la Constitución Política del Estado, por ese Código y otros instrumentos internacionales, sólo podrán ser restringidos con carácter excepcional, cuando sean absolutamente indispensables para la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. Las medidas cautelares consistentes en: a) órdenes de orientación y supervisión en los términos previstos por el Código del niño, niña y adolescente; b) citación bajo apercibimiento de ley; y c) detención preventiva (art. 232 del CNNA), deberán ser dispuestas con carácter restrictivo, mediante resolución judicial fundada por el Juez de la Niñez y Adolescencia conforme la atribución que el art. 269.12 del CNNA le reconoce; medidas que sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación, debiendo ser ejecutadas de modo que perjudique lo menos posible a la persona y dignidad del adolescente”.

           ”Criterio contemplado en la Convención de Naciones Unidas Sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, que para sus efectos entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, cuyo art. 37 incs. b) y d) señala que ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente y que su detención, encarcelamiento o prisión se llevará a cabo conforme a ley, como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda; asistiéndole además en estos casos, derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y a otra asistencia adecuada, a impugnar la legalidad de su privación de libertad ante tribunal o autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción”.

           Asimismo, el CNNA, en su art. 102, manifiesta que “…ningún niño, niña o adolescente será internado, detenido ni citado de comparendo sin que la medida sea dispuesta por el Juez de la Niñez y Adolescencia, que en concordancia con el art. 308 del mismo cuerpo legal será el fiscal, ante la denuncia presentada y en base a suficientes indicios de responsabilidad, determinará la comparecencia del denunciado; de lo que se tiene que si bien el representante del Ministerio Público -a cargo de la investigación del hecho-, puede disponer la comparecencia del adolescente denunciado, deberá tramitar la orden judicial pertinente para la emisión del respectivo mandamiento de comparendo, incluso en la eventualidad de que el adolescente no asista a la convocatoria y el caso revista gravedad, el fiscal deberá solicitar al juez la orden judicial de apremio” (SC 0796/2005-R).

           De lo anterior se concluye que esta ley especial contiene normas con mayor margen de protección a los adolescentes que los contemplados en la Ley general (Código de procedimiento penal). De ahí que bajo circunstancia alguna, es posible interpretar los preceptos contemplados en éste Código en sentido más gravoso para el niño, niñas o adolescente, que los contemplados en la aludida ley general, tal cosa significaría por ejemplo, si se entendiera como se infiere del informe de la Juez recurrida, que el menor aprehendido por la Policía o el Fiscal, puede permanecer arrestado hasta siete días, en alusión errónea al art. 307 del CNNA, que se refiere al plazo de investigación y no de detención, pues ese entendimiento haría más gravosa la situación del adolescente en el marco de la ley especial aludida, que la contenida en el art. 226 del CPP siendo que, por el contrario, a los adolescentes, además de las garantías procesales descritas en la Ley general, se les reconoce otras de especial protección contenidas en el Código del niño, niña y adolescente.