SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2522/2010-R

En la problemática planteada, el representado del accionante, fue aprehendido por efectivos de la FELCC, el 2 enero de 2009 al promediar las 17:00 horas, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscal ahora demandada, sin embargo, el menor imputado, permaneció privado de su libertad en dependencias de la FELCC, debido a la falta de centros especiales para menores infractores y ante el rechazo de SEDEGES, como de su propia hermana de hacerse cargo de la custodia del menor, en ese entendido, el imputado imperiosamente permaneció en celdas de la FELCC, mientras la autoridad competente determinara las medidas cautelares correspondientes, las mismas que debido a la suplencia legal del Juez del Niño, Niña y Adolescencia de la ciudad de Cobija, fueron impuestas por el Juez de Partido de Familia de la ciudad de Cobija, ahora demandado, en audiencia de medidas cautelares, horas antes de llevarse a cabo la audiencia de hábeas corpus, en la que se determinó de acuerdo las circunstancias concurrentes, la detención preventiva del menor.

Teniendo en cuenta la situación de flagrancia del delito por el que se le imputó y aprehendió al menor, la Fiscal demandada, procedió de acuerdo a lo establecido por el art. 226 del CPP, sin embargo, al encontrarse ausentes el Juez titular del Juzgado del Menor y su Secretario, con licencia de Ley por enfermedad el primero y por renuncia el segundo, la imputación entró a despacho del Juez suplente el día lunes 5 de enero de 2009, siendo atribuible a estas razones que la audiencia de medidas cautelares se llevó a cabo el 6 de enero de 2009. En ese entendido, al definirse la situación jurídica del menor infractor por la autoridad jurisdiccional competente y de acuerdo a los arts. 231, 232 y 233 del CNNA y en atención a la flagrancia, no es posible otorgar la tutela a través de la presente acción de defensa, debido a que el medio expedito, eficaz e inmediato para restablecer cualquier lesión a los derechos fundamentales y especialmente al derecho a la libertad, es el órgano jurisdiccional que está a cargo del control investigativo hasta la conclusión de la etapa preparatoria, es decir el Juez cautelar, quién está en la obligación de velar por la legalidad formal y material de la aprehensión, de oficio o a solicitud del imputado.