SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2865/2010-R
Fecha: 10-Dic-2010
I.1.1. Hechos que motivan el recurso
Son propietarios de tres lotes de terreno ubicados en el barrio “18 de marzo”, unidad vecinal 84, manzana 21, lotes 10, 11 y 20; adquiridos de su anterior propietario Reynaldo Revollo Gonzáles, de los cuales los lotes 10 y 11, se encuentran registrados en Derechos Reales con las matrículas computarizadas 7.01.1.99.0080658 y 7.01.1.99.0080468.
El 27 de diciembre de 2008, al promediar las diez de la mañana, aprovechando que estaban deshabitados, en espera de la inscripción definitiva de su derecho propietario en Derechos Reales (DD.RR.), y aprobación de la orden de construcción, para poder empezar la misma de las que serían sus viviendas, unas loteadoras y avasalladoras de lo ajeno, ingresaron a sus lotes tomando posesión con acciones violentas, levantando chozas precarias, pretendiendo aparecer como propietarias. En conocimiento de estos hechos, junto a otros propietarios y su abogado se constituyeron en los terrenos, mostrando sus documentos de propiedad, para que se retiren pacíficamente del lugar; empero, las loteadoras se negaron, indicando que lo harían si se les mostraba una orden, por lo que siendo imposible dialogar con ellas, tuvieron que retirarse del lugar.
- recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional,
- I.1.1. Hechos que motivan el recurso
- a)
- 1)
- concedió
- I.3.
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sujeción de la actuación del Tribunal Constitucional a la Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009
- III.2. Términos procesales en la acción tutelar de amparo constitucional
- III.3.La subsidiariedad del amparo constitucional y el principio de inmediatez
- se mantienen los principios que configuran el amparo constitucional: la subsidiariedad y la inmediatez
- principio de inmediatez, cuando señala que la acción de amparo se interpondrá "siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías"; ello significa que la acción de amparo constitucional busca proteger de manera inmediata el derecho o garantía y por eso, su configuración procesal es sencilla y expedita para la protección inmediata del derecho, despojada de todo trámite e incidente que podría demorar la tutela.
- En virtud al principio de inmediatez, se pueden establecer excepciones al principio de subsidiariedad cuando la remisión a los procedimientos ordinarios significaría un perjuicio irremediable o irreparable en los derechos o garantías de quien activa la tutela; entendimiento que ha sido asumido por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, cuando, por ejemplo, ha otorgado la tutela provisional del amparo por perjuicio o daño irreparable.
- el principio de subsidiariedad que el orden constitucional informa al recurso de amparo constitucional, cede al principio de inmediatez en los supuestos en que no existan otros medios o recursos idóneos o eficaces para la protección de los derechos o garantías invocados como restringidos, suprimidos o amenazados
- III.4. Excepción a la subsidiariedad por medidas de hecho y sub reglas de aplicación
- el amparo entra a tutelar de manera directa e inmediata, prescindiendo inclusive de su carácter subsidiario, está la tutela contra acciones o medidas de hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares, entendidas éstas como los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado
- debida fundamentación y acreditación objetiva de que efectivamente se está frente a una medida de hecho o justicia a mano propia, donde el agraviado o accionante se encuentre ante una situación de desprotección o desventaja frente al demandado, o agresor,
- Necesariamente se debe estar ante un inminente daño irreversible o irreparable, ya sea agravando la lesión ya consumada, o que ello provoque la amenaza de restricción o supresión a otros derechos fundamentales
- III.5. Análisis del caso
- APROBAR