SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0201/2010-R

Los abogados del recurrente ratificaron los fundamentos del recurso y añadiendo  señalaron lo siguiente: a) Su defendido fue agredido en su propio domicilio por personas particulares que pretendían hacer que firme una serie de documentos sobre la construcción de una vivienda, tratando igualmente de obligar a los padres de éste a suscribir dichos documentos, sin que esas personas hubiesen permitido el ingreso de los familiares del agredido, así como tampoco de personal del 110 y de la Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana (PAC), posteriormente, el mismo día en dependencias de la FELCC, su defendido denunció los hechos de allanamiento, secuestro y lesiones graves ante el Fiscal, autoridad que hizo caso omiso de la denuncia, quedando su patrocinado detenido en dependencias policiales conjuntamente sus padres; luego se puso en conocimiento del Fiscal recurrido toda la situación, quien recibió las declaraciones de los denunciantes, para posteriormente, al promediar la medianoche, redactar una resolución de aprehensión, tomando en cuenta sólo la declaración de los denunciantes, dando además por bien hecha la aprehensión efectuada por particulares, siendo que ello no correspondía; b) La Resolución de Aprehensión fue emitida por la autoridad recurrida, sin recibir la declaración del acusado, sin citación ni denuncia previa, lo que conllevó a que su defendido no pueda asumir defensa; c) Los hechos ilegales denunciados, fueron puestos en conocimiento del Juez cautelar, pero no fueron considerados por dicha autoridad, así como tampoco existían antecedentes del caso; y d) La relación del único denunciante del caso con el recurrente, es una relación civil de cumplimiento de contrato, con el reconocimiento que existe una obra realizada, por la que se encuentra pendiente un proceso civil en el Juzgado Primero de Partido en lo Civil de La Paz; asimismo, la relaciones con los otros supuestos denunciantes, son también netamente civiles, todo lo anterior demuestra que se actuó en forma indebida e ilegal, pues la aprehensión de su defendido se efectuó por particulares, sin que pueda hablarse de flagrancia, pues existía un proceso en la vía civil por la supuesta estafa desde hace dos años, por lo que solicitan restituir el derecho a la libertad de su defendido.