SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0256/2010-R

iii) La competencia respecto a la adopción, mantenimiento y modificación del mandato de detención es un presupuesto de orden público, tal como dispone el art. 44 del Código de Procedimiento Penal, además de ser una de las exigencias fundamentales del Estado Constitucional de Derecho, por cuanto determina la facultad que tiene el juez o tribunal para ejercer jurisdicción en un determinado asunto (art. 26 de la Ley de Organización Judicial), cuando se determina que una vez radicada la causa en el Tribunal de Sentencia, este es el llamado por ley para conocer los incidentes que podrían plantearse. Por lo que se considera que la detención preventiva constituye una medida que limita la libertad física, por sí misma y la aplicada al imputado no es inconstitucional en el marco que se examina ha sido legalmente establecida y es válida y es válida, en tanto no sea modificada a través de los medios legales previstos para el efecto.