SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0458/2010-R

Es necesario recordar que este Tribunal, en un caso similar, a través de la SC 0749/2003-R de 4 de junio, estableció que:“… para solicitar tutela en materia de amparo, la parte recurrente al margen de cumplir estrictamente los requisitos previstos en el art. 97 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), cuando se trata de actos ilegales que recaigan sobre bienes que estén vinculados al derecho de propiedad o de posesión, debe demostrar la inexistencia de discusión o controversia sobre los mismos para legitimar su denuncia en esta jurisdicción, pues esto, resulta esencial para la concesión de la tutela, dado que no podrá tenerse como amenazado, restringido o suprimido un derecho cuando no se tiene certeza de que el recurrente es el verdadero titular del derecho, pues de otorgarse la tutela se crearía inseguridad jurídica y se dejaría una posibilidad de lesionar derechos del que resulte el verdadero titular, que puede ser tanto la parte recurrida como un tercero.

… en la especie, la posesión se materializa en el hecho de que como dirigente supuestamente elegido, el recurrente tuviera derecho (…), empero dicha posesión no puede ser amparada, puesto que es evidente que la problemática gira en torno a la entrega de la sede social que se disputan dos sectores del citado Sindicato representados por el recurrente y el recurrido RSM, dado que cada uno arguye ser representante legal del Sindicato, de lo que se colige claramente que no existe certeza de lesión y por lo mismo de la existencia del acto ilegal, ya que, la titularidad de la Secretaría General del Sindicato está en disputa y por ende la posesión de la Sede”.