SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0466/2010-R

La recurrente en el memorial presentado el 22 de febrero de 2008, cursante de fs. 24 a 26, manifiesta que, a simple denuncia telefónica anónima, el 26 de marzo de 2007, efectivos policiales, sin orden de allanamiento, nota de investigación abierta, o denuncia previa, realizaron un operativo allanando el domicilio de su hermano, donde su persona se encontraba de visita, siendo aprehendida sin orden legal y sin la presencia del Fiscal, luego de la requisa que efectuaron, sin respetar sus derechos y garantías constitucionales, manteniéndolos en dicho lugar más de dos horas y cuarenta minutos, para luego trasladarlos a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), donde el Fiscal bajo amenaza los hizo firmar como testigos de actuación entre sí, hechos éstos viciados de nulidad, no siendo cierto que su hermano hubiera autorizado el ingreso al domicilio. Es así, que con posterioridad solicitó la cesación de su detención preventiva, que fue rechazada por el Tribunal Cuarto de Sentencia, no obstante de haber demostrado tener familia constituida, domicilio conocido, actividad lícita y no contar antecedentes penales ni policiales, desvirtuando de esta manera el peligro de fuga y el riesgo de obstaculización, presupuesto este último que dicho Tribunal determinó existía, lo que no es evidente, ya que las autoridades recurridas no valoraron la documental presentada, omitieron la aplicación de las normas legales vigentes y no  consideraron la existencia de defectos absolutos del debido proceso, toda vez que no existe denuncia en su contra, habiendo sido detenida sin orden judicial.

Refiere que, las pruebas que constituyen la base para el juicio oral ya han sido presentadas tanto por su parte como del Ministerio Público, por lo que ya no hay nada más que investigar. Asimismo, tampoco es cierto, lo que señalan en su Resolución de rechazo, de que influiría negativamente en los otros involucrados ya que los mismos están imputados, más aún si el requerimiento conclusivo del Fiscal es de sobreseimiento. Al haber actuado de esta manera, las autoridades judiciales recurridas, han incurrido en  detención indebida e ilegal al negarle el derecho a su libertad.