SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0739/2010-R

Con la finalidad de revertir dicha situación, la accionante acudió ante la Inspectoría del Trabajo, y la oficina de las personas con discapacidad, a fin de buscar que se revierta la decisión asumida por el Alcalde demandado; sin embargo, pese a que se celebraron reuniones para considerar la situación de la ahora accionante, el demandado -no obstante conocer su situación de discapacidad- no la restituyó a su fuente laboral, cuando, de conformidad a las normas y la jurisprudencia glosada, las personas con capacidades especiales gozan de los derechos de integración en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural; extremos que servirán precisamente para generar condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de estas personas.

En ese ámbito, las personas con discapacidad gozan del derecho al trabajo y la inamovilidad; se infiere, que la adopción de una actitud en contrario implicaría una discriminación, violencia o maltrato, salvo los casos en los que exista proceso previo interno y sanción firme que disponga la destitución del cargo de una persona con discapacidad; extremo que no se da en el caso en examen, conforme se tiene explicado, la accionante fue destituida directamente, mediante memorándum de 31 de enero de 2007, sin validar los argumentos de los demandados -en sentido que el Alcalde puede designar y retirar al personal administrativo, en virtud a los arts. 44, 62 y 64 de la LM- pues debe considerarse que, en el marco de las normas desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.3, las personas con discapacidad tienen una protección reforzada, por la situación de desigualdad en que se encuentran.