SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0758/2010-R

El recurrente en el memorial presentado el 14 de abril de 2007, que cursa de fs. 69 a 75, manifiesta que el 25 de abril de 2006, Felisa Ayreyu Martínez denunció a su persona y a Miriam Córdova Fernández, por el supuesto delito de estelionato, señalando que compró de los nombrados el inmueble de calle Loa 430 en $us70.000.- (setenta mil dólares estadounidenses), y que a tiempo de inscribir en Derechos Reales (DD.RR.), encontró que estaba hipotecado por $us50.000.- (cincuenta mil dólares estadounidenses), por lo que el 12 de septiembre de 2006, amplió la querella por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, emitiéndose imputación en su contra por estelionato, sin pronunciarse sobre los otros delitos, y concluida la etapa preparatoria se dictó Resolución fundamentada de sobreseimiento por estelionato, rechazando la ampliación de la querella por falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.

Refiere que impugnada la Resolución el 23 de marzo de 2007, fue revocada al día siguiente de su radicatoria por la Fiscal de Distrito recurrida, mediante Resolución 21/07-S de 27 de marzo de 2007, intimando al Fiscal de Materia a concluir la investigación por estelionato y proseguir la misma por falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; determinaciones que -afirma- quebrantan las garantías de persecución penal única e indivisibilidad de juzgamiento, ya que la decisión generó que el Fiscal de Materia presente acusación en su contra por el delito de estelionato, perdiendo el Juez cautelar toda competencia, y por otro lado se siga desarrollando la etapa preliminar por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, por lo que la Resolución carece de fundamentación, dado que deliberadamente omitió analizar agravios, fundamentos de hecho y derecho y la prueba en que se fundó la impugnación, apartándose de los puntos resueltos por el Fiscal de Materia, lo que le impidió conocer con certeza cuáles los fundamentos jurídicos y elementos de convicción que la autoridad considera determinantes o erróneamente apreciados por el Fiscal de Materia.