SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1519/2011-R

El 11 de octubre de 2010, cuando salía de su trabajo, un funcionario policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) lo detuvo, indicándole que era por orden del Fiscal dentro de la denuncia aperturada a querella de Ramiro y Valerio Quispe en su contra por la presunta comisión del delito de tentativa de homicidio, para inmediatamente después conducirlo a dependencias de la FELCC de Viacha, a efectos que preste su declaración informativa; realizado el referido acto, se ordenó su detención formal, remitiéndolo a conocimiento del Juez cautelar con mandamiento expreso del Fiscal ahora demandado.

No obstante lo señalado, en el expediente se encontró una serie de irregularidades, como citaciones efectuadas con una celeridad de menos de veinticuatro horas entre la primera y la segunda, las que se representaron con evidente inmediatez, así como la disposición del Fiscal de Materia en expedir el mandamiento de aprehensión.

Posteriormente, cuando debía llevarse adelante la audiencia de medidas cautelares ante el Juez Quinto de Instrucción en lo Penal de El Alto, las supuestas víctimas lo recusaron sin fundamento alguno con el fin de dilatar su ilegal detención y lograr que pierda su fuente de trabajo, recurso al cual, el citado Fiscal se adhirió, lo que motivó que se encuentre detenido por más de tres días.

Por la tipificación provisional del delito que hizo el Fiscal de Materia, Humberto Parra Condori en su imputación formal, no correspondía expedir en forma directa el mandamiento de aprehensión, sino debería procederse de acuerdo a lo dispuesto por el art. 224 del Código de Procedimiento Penal (CPP), mandato que al ser incumplido, le provocó indefensión.