SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1756/2011-R

d) Ante este hecho, el 10 de junio de 2009, el accionante  presentó impugnación, el mismo que fue respondido por nota 0549/09, en la que el Director de ANAPOL, Edgar Pérez Barrientos, hizo conocer que en cumplimiento a normativa reglamentaria de la ANAPOL, las autoridades estaban ejecutando y dando cumplimiento a la Resolución 06/2009 emitida por la Dirección Nacional de Instrucción y enseñanza, quienes son la última instancia para resolver este tipo de casos. Por lo que el accionante mediante memoriales dirigidos al Comandante de la Policía Nacional, formuló su queja contra dicha sanción arbitraria.

Del análisis de las actuaciones descritas, se establece incuestionablemente que el accionante  fue sometido a un primer proceso administrativo, en el que se agotaron las instancias pertinentes, determinándose, dentro de la respuesta a su recurso jerárquico, su reingreso a la ANAPOL, vale decir, al segundo semestre del cuarto curso de la gestión 2009, debiendo para ello repetir el módulo de “Taller de Modalidades de Graduación” y una vez aprobado el mismo, se habilite para los siguientes módulos quedando advertido en caso de reincidir en deficiencia académica u otra falta disciplinaria, que atentara contra los valores y principios de la ANAPOL, sería retirado definitivamente; por lo que a través de una Resolución al quedar ejecutoriada no podía ser revisada ni modificada, por respeto al principio del non bis in idem, el accionante no puede ser sometido a otro proceso por el mismo caso.

Teniendo en cuenta lo anteriormente desarrollado, se concluye que la decisión adoptada el 12 de mayo de 2009, por la que el Director Nacional de Instrucción y Enseñanza y Rector de la Universidad Policial Lido Espinoza Luna, resolvió invalidar la Resolución 129/2008 de 10 de diciembre, y ratificar las Resoluciones 095 y 097 de 2008, constituye indudablemente un acto que vulneró el derecho al debido proceso y la garantía de la seguridad jurídica del accionante, el que se ha sido entendido por este Tribunal Constitucional como: “…la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio. En consecuencia, es deber del Estado proveer seguridad jurídica a los ciudadanos asegurando a todos, el disfrute del ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que reconocen la Constitución y las Leyes” (AC 287/1999-R de 28 de octubre).

Siguiendo con esta línea de razonamiento, concluimos que a consecuencia de la invalidación de la RA 129/2008 de 10 de diciembre, dispuesta por la Resolución 06/2009 de 12 de mayo, se volvió a dictar resolución dos veces por los mismos hechos, lo que supone la concurrencia de la triple identidad exigida por el principio non bis in idem, que como se tiene referido encuentra protección como elemento de la garantía al debido proceso entendida como: “(...) el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...)” SC 418/2000-R de 2 de mayo; consecuentemente, la nueva Resolución emitida por la autoridad demandada -a pesar de la Resolución 05/2009 de 4 de mayo, que le autorizó la revisión, modificación o invalidación extraordinaria de resoluciones administrativas y pese a existir una Resolución ejecutoriada dictada en uno anterior- constituye un acto ilegal que vulnera el principio del non bis in idem, en mérito a un trámite interno, en el que el accionante nunca tuvo el derecho a defenderse y simple y llanamente se procedió a comunicarle directamente con la Resolución, constituye un atentado contra el debido proceso y el derecho a la defensa, por lo que tales circunstancias determinan que se le otorgue la tutela solicitada.

Finalmente, se evidencia que las autoridades co-demandadas Víctor Hugo Escobar Guzmán, Comandante General de la Policía Nacional, Wilge Abel Obleas Espinoza, Sub Comandante General y Jefe del Estado Mayor Policial, no emitieron resoluciones, que tampoco fueron considerados en la presente acción de amparo constitucional, que hayan determinado vulneración de derechos y garantías constitucionales del accionante, por lo que corresponde denegar la acción contra dichas autoridades.