SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0010/2011-R

En el presente caso, la accionante alega la existencia de un procesamiento indebido, que vulnera el derecho a la libertad y dignidad de su representada,  porque a criterio suyo se habría cumplido los tres años previsto en el art. 133 del CPP, lo que le motivó a solicitar la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.

En ese orden, la pretensión del accionante de que se resuelva su solicitud de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso no se encuentra dentro de los alcances de protección que brinda la acción de libertad, al no concurrir los presupuestos de causalidad establecidos por la jurisprudencia constitucional, en el entendido que dicha solicitud no se encuentra directamente vinculada con la supresión de su derecho a la libertad personal por no haber operado como causa de su restricción; puesto que la privación de libertad de la representada de la accionante obedece a la orden de detención preventiva pronunciada dentro del proceso penal seguido en su contra por la comisión de delito de tráfico de sustancias controladas. 

Consiguientemente, el presunto procesamiento indebido, que vulnera derecho a la libertad no se encuentra dentro de los alcances del art. 125 de la CPE,  dado que las lesiones al debido proceso, en los que no exista una relación directa entre el acto considerado lesivo y el derecho a la libertad suprimido o restringido, están llamados a ser resguardados no por la acción de libertad, sino por la acción de amparo constitucional, previo el agotamiento de los medios y mecanismos ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico.