AUTO CONSTITUCIONAL 171/2011-RCA

        En el caso en análisis, el accionante alega que dentro del proceso penal que sigue en contra de Ángel Severo Mamani, el Juez Tercero de Partido y Sentencia de la ciudad de El Alto, dictó Sentencia condenatoria por los delitos de alteración de linderos perturbación de posesión, tentativa de despojo, daño simple, difamación e injurias, empero, el referido fallo al ser impugnado a través del recurso de apelación restringida, fue declarado improcedente por Auto de Vista 561/2007 de 7 de agosto; sin embargo, el imputando planteó recurso de casación, que según el accionante, dicho recurso, no sólo fue admitido ilegal y arbitrariamente, sino que la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, no efectuó el análisis respectivo de los antecedentes del recurso y de la respuesta que presentó, como tampoco realizó una adecuada fundamentación en la Resolución del recurso de casación.

        No obstante de lo expuesto precedentemente, se observa que el accionante a momento de sustentar su demanda de amparo constitucional, invocó como vulnerado el art. 125 de la CPE, sin considerar que la naturaleza jurídica y ámbito de protección que determina el contenido normativo del indicado precepto constitucional, tiene como finalidad restablecer el derecho a la libertad, tal como se precisó en el Fundamento Jurídico II.2., no siendo, la acción de amparo constitucional el medio idóneo para reparar la vulneración del derecho a la libertad, pues dada su naturaleza jurídica y alcance, se constituye en una acción tutelar y garantía procesal de carácter instrumental, que tiene por objeto la protección inmediata y eficaz de los derechos fundamentales o garantías constitucionales, que no estén vinculados al derecho a la libertad, restituyéndolos en los casos en los que sean amenazados, suprimidos o restringidos por actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva, siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección; por consiguiente, corresponde se declare la improcedencia de la presente acción, toda vez que, el accionante no observó los presupuestos de procedencia que hacen a la naturaleza jurídica de esta acción tutelar.