SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0313/2011-R

El 26 de febrero de 2009, se presentó al Juzgado de Instrucción Mixto de El Porvenir,  excepción por Evin Ventura Vogth, Hermán Justiniano Negrete y Roberto Rea Ruiz sobre la incompetencia de Betty Yañiquez Lozano, Jueza Séptima de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de La Paz, dentro el proceso penal “caso 6950/08” (sic), por los mismos hechos ocurridos en El Porvenir el 11 de septiembre 2008.

El 27 de ese mes y año, Nardi Elizabeth Suxo Iturri y Hugo Raúl Montero Lara, Ministra y Viceministro, respectivamente, de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, interpusieron denuncia ante el Fiscal General de la República, solicitando se inicie investigación contra María Eugenia Romero Ossio, por los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la ley, prevaricato, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y encubrimiento, y contra Mario Mariscal Miranda por los delitos de incumplimiento de deberes, asociación delictuosa y encubrimiento, previstos y sancionados por los arts. 146, 153, 173, 132 y 171 del Código Penal (CP), notificándoles mediante comparendo emitido por Fedor Vassily Dorado Careaga, Fiscal Departamental de Pando, dentro el FIS-PAN0900529, para presentar sus declaraciones informativas, las que fueron prestadas.

El 18 de junio de 2009, fueron notificados con la orden de citación de 9 de ese mes y año, por Sandra Kuncar Camacho, Fiscal de Materia asignada a la División Corrupción Pública, Operaciones Especiales, CEIP, INTERPOL de la Fiscalía de Distrito de La Paz, caso FIS Nº LPZ090366, dentro la investigación seguida de oficio por el Ministerio Público a instancia de Luis Alberto Castillo, Celestino Cruz Mamani y Flora Quispe Ticona en su contra por la supuesta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la ley, previstos en los arts. 146 y 153 del CP.   

Que por otro lado, se les estaría iniciando un proceso investigativo por que se les notifico con el comparendo expedido por el Fiscal Departamental de Pando, por lo que que se estuviera atentando contra el non bis idem (prosecusión penal única) ya que nadie será procesado ni condenado mas de una vez por el mismo delito, afectando el debido proceso.