SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0844/2011-R

A raíz de una denuncia interpuesta el 27 de marzo de 2006, por parte del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, el Ministerio Público inició un proceso penal en su contra, por los supuestos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y otros, al igual que a los coimputados, Roberto Fernández Saucedo, Osvaldo Elías Gutiérrez Ortiz, Luís Fernando Álvarez Núñez, Rómulo Calvo Bravo y Maria Teresa Leigue Suárez.

Una vez convocado el juicio oral por el Tribunal Cuarto de Sentencia, en el periodo de excepciones e incidentes, presentó excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, conforme prevén los arts. 27.10, 133 y 308.4 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Valorados los argumentos esgrimidos por el Tribunal antes referido, mediante Auto de 7 de julio de 2009, éste declaró probada la excepción; en consecuencia, “extinguida la acción penal”.

El 10 de julio de 2009, tanto el Ministerio Público como el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, plantearon apelación incidental contra dicho Auto; luego de varias excusas de las distintas Salas de la Corte Superior, la Sala Civil Segunda integrada por los ahora demandados, dictó el Auto de Vista de 20 de octubre de 2009, a través del cual, con incongruencia y sin fundamento jurídico, revocaron el Auto emitido por el Tribunal a quo, provocando su procesamiento y poniendo en riesgo su libertad personal.