SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1004/2011-R

Ingresando al análisis de la problemática suscitada, se tiene que el accionante interpuso acción de libertad, con el fundamento de que fue detenido indebidamente por más de 12 horas por el funcionario policial demandado, sin que haya denuncia formal ni mandamiento de aprehensión motivado por autoridad competente.

         Sin embargo, tomando en cuenta la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional, se tiene que el accionante previo a acudir a la jurisdicción constitucional, debió denunciar todos los actos restrictivos de su libertad ante el Juez Cautelar de Turno, aún si el Fiscal no hubiera dado aviso del inicio de la investigación dentro de las veinticuatro horas, de acuerdo con lo establecido por el art. 298 del CPP, toda vez que, el Juez de Instrucción es el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, específicamente de los actos del Ministerio Público y de los funcionarios policiales, conforme prescriben los arts. 54. inc. 1) y 279 del CPP.

         En ese sentido se ha pronunciado la uniforme jurisprudencia constitucional, así en la SC 0856/2010-R de 10 de agosto, entre otras, señaló que “…el llamado a ejercer el control jurisdiccional de la investigación, así como velar por el cumplimiento y respeto de los derechos y garantías constitucionales es el juez cautelar, quién con jurisdicción y competencia privativa propias reconocidas por los arts. 54 inc. 1) y 279 del CPP, podrá ejercer el control efectivo de los actos investigativos tanto del fiscal como de los funcionarios policiales desde el primer acto del proceso hasta la conclusión de la etapa preparatoria cual prevé la norma del art. 323 del CPP”.

         Sin embargo, contrariamente a lo señalado, el accionante, acudió a esta jurisdicción sin previamente haber realizado su denuncia ante el Juez de Instrucción en lo Penal competente, por lo que no utilizó el mecanismo previsto específico, idóneo, eficiente y oportuno al cual puede acudir todo afectado para el restablecimiento de su derecho a la libertad presuntamente dañado; por tanto, el incumplimiento de dichos presupuestos, inviabiliza el análisis de fondo de la denuncia formulada por el accionante.