SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1177/2011-R

         El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), instituye la acción de libertad, determinando: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.

         El Tribunal Constitucional anteriormente ya desarrollo amplio entendimiento sobre el carácter excepcionalmente subsidiario de la acción de libertad, así la SC 0160/2005-R de 23 de febrero señaló: ”… en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado…”

         En base a dicho razonamiento, la Constitución Política del Estado vigente, estableció que la naturaleza de la acción de libertad, frente a otros mecanismos ineficaces hace que: ”…se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos…” . Asimismo, añade: “…en caso de existir norma expresa que prevea mecanismos intra-procesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional, aspecto que se encuentra enmarcado en los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos” (SC 0008/2010-R de 6 de abril).