SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1677/2012
Fecha: 01-Oct-2012
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Su persona es legítimo propietario de un bien inmueble ubicado en Montero, zona norte, urbanización Juan Parada unidad vecinal 19, manzana 18, lotes 1, 2 y 3 con una superficie de 2.159,90 m2, adquirido de Alcora Marty Vda. de Parada, mediante documento de 20 de octubre de 2001, registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.), bajo folio real 7.10.1.01.0013017, propiedad en la que se dedica a la siembra de yuca de acuerdo a la temporada.
Refiere que el 2 de enero de 2009, fue sorprendido por personas que se dedican a lotear terrenos, quienes ingresaron a su propiedad, de forma abusiva con violencia, cortando alambres, construyendo viviendas precarias compuestas de palos cubiertos de carpa y plástico y a momento de realizarles la reclamación, fue agredido por una turba de personas, con una serie de palabras intimidantes.
- ,
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- denegó
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.2.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- III.2. El principio de inmediatez, presupuesto que uniforma la acción de amparo constitucional
- el Tribunal de amparo hizo una incorrecta interpretación de la naturaleza jurídica y alcances del principio de inmediatez, cabe aclarar que dicho principio tiene dos elementos; uno positivo, lo que significa que el amparo constitucional es una vía tutelar para la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, lo que implica que esta vía se activa inmediatamente de haberse producido la lesión, sino hubieren otras vías, o de haber agotado las vías legales ordinarias idóneas y efectivas si es que existen; y otro negativo, lo que significa que la persona titular de los derechos fundamentales vulnerados, debe activar inmediatamente el amparo constitucional, no dejando pasar lapsos de tiempo prolongado que la hagan ineficiente a esta vía tutelar; a cuyo efecto este Tribunal ha establecido, por vía jurisprudencial un plazo razonable de seis meses”
- III.3. Análisis del caso concreto
- contra los actos u omisiones
- CONFIRMAR