SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1885/2012

Se debe entender que en el presente caso, más allá de la protección al trabajo del progenitor de la menor con discapacidad, se pretende dar una protección especial a la menor con discapacidad, debiendo tomarse en cuenta que el art. 34.II de la Ley 223 de 2 de marzo de 2012 señala que: “El Estado (…) garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido”.

Por otra parte, corresponde hacer notar que el accionante cumplió aspectos que de alguna manera se encuentran destinadas al beneficio de la menor, como por ejemplo el pago de asistencia familiar, hechos los cuales son no solo controversiales en el campo ético y moral, sino también jurídico, toda vez que si bien existe una grado de cumplimiento, por parte del progenitor respecto a su hija invalida, se denota que no es el óptimo, más aun pudiendo constatase que ni siquiera la tiene como asegurada beneficiaria suya en la Caja de Salud correspondiente. Al respecto, no se debe olvidar que el funcionario público fue retirado sin ningún proceso previo, peor aun teniendo la expresa protección legal y del Estado de su inamovilidad por ser progenitor de una menor discapacitada, hecho que es el que debe resolverse más allá de cualquier otro posible hecho moral.