SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2104/2012
Fecha: 08-Nov-2012
III.4. Análisis del caso concreto
De los antecedentes aparejados al expediente y de los argumentos expuestos en el memorial de demanda de acción de amparo constitucional, se evidencia que dentro del proceso civil ordinario sobre nulidad de escrituras públicas seguido por Teresa Mejía Paz contra Rosa Chávez Trujillo, el Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial, mediante Resolución 156/2010 de 6 de mayo, declaró probada la demanda y en consecuencia nula y sin valor legal las escrituras públicas 36 y 374/96de 20 de marzo de 1970 y 17 de septiembre de 1996, respectivamente; disponiendo la cancelación de la escritura pública 374/96 y la partida 01190063 de 31 de marzo de 1970, ante DD.RR, así como la rehabilitación de la partida anterior inscrita a nombre de Teresa Mejía Paz.
Ante esta situación, la representada de la accionante, presentó recurso de apelación contra la Sentencia 156/2010 y mediante Auto de Vista 182/2011 de 16 de agosto, la Sala Civil y Comercial Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Justicia de La Paz, confirmó la Sentencia impugnada, habiendo sido notificada con la misma a horas 16:55 del 25 de octubre de 2011. Siendo así, que el 31 del mismo mes y año, por memorial dirigido al Presidente y Vocales de la Sala Civil Tercera, Rosa Chávez Trujillo, interpuso recurso de casación en la forma contra el referido Auto de Vista, -sexto día encontrándose dentro del plazo de ley- misma que por proveído de 7 de diciembre del mismo año fue aceptada. Posteriormente mediante Auto Supremo 39/2012 de 7 de marzo de 2012, las autoridades demandadas declararon improcedente el recurso por extemporáneo, señalando que éste se habría presentado fuera del plazo legal. Asimismo, de acuerdo al informe de las autoridades demandadas, se colige que el referido fallo, se emitió por improcedencia en la forma, en consideración a una aparente confusión en la notificación de la diligencia que no fue advertida en ese momento; es decir, que de acuerdo al art. 257 del CPC, el computo del plazo se tomó en cuenta como fecha de notificación el “veintiuno” de octubre de 2011 y no el “veinticinco”, aspecto que indujo en error involuntario al Tribunal de casación y que de ninguna manera puede alegarse la existencia de dolo en dicho actuado.
En consecuencia, al haber reconocido las autoridades demandadas que hubo error involuntario en el cómputo del plazo previsto por el art. 257 del CPC, al momento de dictar la improcedencia del recurso de casación, Auto Supremo 39/2012 de 7 de marzo, y haberse demostrado mediante prueba documental cursante en obrados (fs. 25, 52, 57 y 62) que el mismo fue interpuesto dentro el término legal establecido en la noma procesal civil; es decir, dentro los ocho días hábiles, hace viable la presente acción constitucional, por lo que se deja sin efecto el Auto Supremo 39/2012, disponiéndose se proceda a dictar nueva resolución en estricto apego al ordenamiento legal vigente y conforme corresponda en derecho. Fundamento Jurídico III.2 y III.3 de la presente Resolución.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- …el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar
- 'La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes'.
- Resumiendo, podemos decir que el debido proceso ha sufrido una transformación de un concepto abstracto que perseguía la perfección de los procedimientos, es decir que daba preeminencia a la justicia formal, a un ideal moderno que destaca su rol como única garantía fundamental para la protección de los derechos humanos. El debido proceso constitucional no se concreta en las afirmaciones positivizadas en normas legales codificadas, sino que se proyecta hacia los derechos, hacia los deberes jurisdiccionales que se han de preservar con la aspiración de conseguir un orden objetivo más justo, es decir, el debido proceso es el derecho a la justicia lograda a partir de un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaban a una simple cobertura del derecho a la defensa en un proceso
- el debido proceso, consagrado en el texto constitucional en una triple dimensión, en los arts. 115.II y 117.I como garantía, en el art. 137 como derecho fundamental y en el art. 180 como principio procesal; y, en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), como derecho humano
- este derecho fundamental no se satisface solamente con el cumplimiento mecánico de las reglas formales, sino que tiene una naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es importante el tratar de que se logre el objetivo de llevar adelante un proceso sea este administrativo o judicial- sin errores formales, es aun más importante, si cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en otras palabras, velar por la justicia material.
- Este entendimiento consiste básicamente en el papel que debe desempeñar el juez o del tribunal colegiado que tiene por especial misión el administrar la jurisdicción constitucional, dentro de su tarea de velar por la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado, por lo que tendrá casos especiales en los que se tendrán que evaluar el cumplimiento del debido proceso formal y material, en los que posiblemente, los hechos denunciados se acomoden dentro de las leyes y estatutos que normen este tipo de situaciones, es decir, que las autoridades demandadas hayan cumplido con la normativa aplicable al caso, entonces nos encontramos con un debido proceso formal, sin embargo, si del análisis se establece que dicha normativa es de por si restrictiva de los derechos de defensa, o vulnere la seguridad jurídica de la administración de justicia y de los propios accionantes, entonces el juzgador deberá conceder la tutela precautelando sobre todo el orden justo y el debido proceso material”
- III.3. Requisitos y plazo en el recurso de casación en materia civil
- "(Requisitos)El recurso deberá reunir los requisitos siguientes: 1) Deberá ser presentado ante el juez o tribunal que dictó el auto de vista o sentencia; 2) Deberá citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente; 3) En el recurso de nulidad no será permitido presentar nuevos documentos ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los tribunales inferiores, salvos los casos que interesaren al orden público para los efectos del art. 252; 4) Llevará adheridos los timbres y certificados de depósito judicial previsto por la ley. Pero a falta de estos requisitos no dará lugar a la declaratoria de improcedencia sino a subsanarla con el triple del valor respectivo inmediatamente del recurso
- El recurso de casación procede, entre otras resoluciones, de los Autos de Vista dictados en los procesos sumarios y el mismo debe ser formulado dentro del plazo fatal e improrrogable de ocho días(en nuestro caso) desde la notificación con el Auto de Vista, conforme señala el art. 257 de CPC "(Plazo) El recurso de casación se interpondrá dentro del plazo fatal e improrrogable de ocho días a contar desde la notificación con el auto de vista o sentencia
- III.4. Análisis del caso concreto
- concedido
- CONFIRMAR