SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2186/2012
Fecha: 08-Nov-2012
I.1.1. Hechos que motivan la acción
A raíz de un operativo realizado por funcionarios policiales de inteligencia de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE) de El Alto, a denuncia de Juan Mariño Castillo por robo de vehículo, luego de realizarse una inspección ocular, el 23 de enero de 2012, fue aprehendido en su domicilio, para cuyo efecto, montaron dicho operativo, porque horas antes se constituyeron a la Plaza Bolivia, altura de Radio “San Gabriel”, lugar donde haciéndose pasar por ahijados del denunciante, interceptaron y aprehendieron en principio a dos imputadas, quienes supuestamente pretendían cobrar una recompensa, a cambio de proporcionar información al denunciante sobre el paradero de su vehículo; posteriormente ejerciendo amenazas y coacciones contra las imputadas para endilgarle el hecho, se trasladaron a la Avenida Chapare 194, zona Luis Espinal, en cuyo inmueble al encontrar el vehículo, marca Wolkswagen, color celeste, clase Vagoneta, tipo Brasilia, con placa de control 856-DUL, reportado supuestamente como robado, aprehendieron a Isaac e Hilario Vicente Delgado Limachi, y finalmente a horas 13:30 del mismo día, dichos funcionarios policiales, sin contar con la respectiva orden judicial de allanamiento y sin presencia del Fiscal, ingresaron a su inmueble ubicado en la Avenida Bolivia 525 entre calle Lino Soruco, donde sin explicación alguna, fue aprehendido por simple sindicación verbal de Olivia Apaza, quien habría señalado que él era el supuesto propietario del referido vehículo; considera que la autoridad demandada, incurrió en actividad procesal defectuosa, por cuanto no sólo obligó a los otros coimputados a incriminarle el hecho denunciado, sino que tomó su declaración informativa a la misma hora señalada para los otros, sin hacerle conocer previamente todos sus derechos y garantías que establece la Constitución Política del Estado, Convenios y Tratados Internacionales y el Código de Procedimiento Penal.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- denegando
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.7.
- II.8.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional…
- se constituye en el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, empero para ello, previamente se deben agotar los mecanismos de protección específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, operando la acción de libertad solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas
- en caso de existir norma expresa que prevea mecanismos intra-procesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional, aspecto que se encuentra enmarcado en los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y, 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos
- “Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación”
- “…el juez cautelar no tiene competencia al no haber conocido siquiera el inicio de investigación y bien podría tratarse de una indebida privación de libertad originada en una cuestión ajena a un delito, y porque, además, constituye un deber de las personas y servidores públicos, y en especial de las fuerzas del orden público así como de la autoridad fiscal, cumplir con la Constitución Política del Estado y respetar en consecuencia, el derecho a la libertad física de las personas, derecho que sólo puede limitarse en los casos y formas establecidas por la ley y en virtud de una orden emanada por escrito de autoridad competente; consecuentemente, no puede considerarse, de ninguna manera, excepto en los casos en los que se haya dado aviso de una investigación, o si no se dio aviso, que exista vinculación con la presunta comisión de un delito que la pretensión de tutela al derecho a la libertad personal sea conocida y resuelta previamente por un juez cautelar de turno, asignándole a la acción de libertad un carácter subsidiario que no corresponde a su naturaleza y que, en el caso descrito, carece de fundamento constitucional y legal.
- En ese mismo orden, con relación específicamente a la presunta lesión del derecho a la libertad personal por causa de un indebida privación de libertad; es decir, cuando la restricción se hubiera presuntamente operado al margen de los casos y formas establecidas por ley y que, sin embargo, tal hecho se hubiera dado a conocer al juez cautelar del inicio de la investigación y, en su caso, de la imputación, resulta indispensable recordar que el art. 54.I del CPP, establece que entre las competencias del juez de instrucción en lo penal, está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad encargada de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -imputado, querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria de derechos fundamentales o garantías constitucionales; es decir, desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal y/o arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal o la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el juez de instrucción en lo penal, que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación.
- Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”
- III.2. Análisis del caso concreto
- APROBAR