SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2190/2012

De la documentación que informa los antecedentes del expediente, se evidencia que el Tribunal Segundo de Sentencia emitió la sentencia absolutoria 15/2012 de 29 de agosto, a favor de Yola Mamani de Laruta, que en su parte dispositiva determinó la cesación de todas las medidas cautelares que se le impuso durante el desarrollo del proceso penal, conforme dispone el art. 364 del CPP; sin embargo, a pesar de tenerse ordenado en la propia sentencia absolutoria y en la norma procesal penal indicada, el Tribunal Segundo de Sentencia, no hizo efectiva la cesación de las medidas cautelares, a pesar, de haberlo solicitado la representada del accionante mediante memorial, incurriéndose en una omisión indebida que lesiona el debido proceso, y con grave riesgo de restringir indebidamente la libertad de locomoción de la representada del accionante, toda vez que entre las medidas cautelares impuestas en la etapa preparatoria existe un arraigo, que le impide moverse libremente en el espacio, de desplazarse de un lugar a otro, de circular por todo el territorio nacional e inclusive, de salir e ingresar a él, sin que medie ningún impedimento ilegal o arbitrario. Conforme al art. 46 del CPCo, el derecho de locomoción, puede ser tutelado mediante la acción de libertad.

Por lo expuesto, corresponde otorgar la tutela solicitada, dado que se mantiene en forma indebida las medidas sustitutivas dispuestas en contra de la representada del accionante, no obstante de haberse dictado sentencia absolutoria en su favor, pues si bien la medida del arraigo en principio y hasta dictarse sentencia se constituía en una limitación establecida por ley, después de haberse dictado la sentencia absolutoria, dicha medida se tornó en indebida, conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo.