SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2250/2012

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 093/12 de 13 de julio, cursante de fs. 241 a 244, “concediendo” la tutela solicitada declarando procedente la acción de amparo constitucional, disponiendo que se dicte una nueva Resolución y el pago de costas y multas conforme prevé el art. 79.5 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP). La Resolución se basa en los siguientes fundamentos: a) La parte accionante y la parte demandada, son miembros de la Asociación de Jubilados y Rentistas de Comercio y Ramas Anexas, estableciéndose de forma clara, que no fueron notificados con la Resolución del Congreso de Tarija, el cual determinó su expulsión y se habrían enterado en forma extraoficial por un medio de comunicación escrita;            b) Refieren que la SC 0149/2011-R, manifiesta el derecho de asociarse, que consiste en la facultad de que las personas puedan constituir agrupaciones permanentes encaminadas a la consecución de fines específicos, reclamándose en el presente caso, ese derecho de la libertad de asociarse; c) Ante la expulsión de los accionantes, no evidencian ningún proceso en contra de los mismos, al haber apoyado supuestamente a gobiernos de facto, que para llegar a esa calificación debieron enmarcarse en un debido proceso, donde el sindicado tenga la oportunidad de demostrar que sea falsa esa sindicación, no por una mera carta se puede expulsar a los miembros de la Asociación, por lo que recurriendo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace referencia al debido proceso, que deben ser respetados por todos los órganos que ejerzan funciones con carácter materialmente jurisdiccional; y, d) Siendo miembros de la tercera edad, la jurisprudencia constitucional refiere, que son sujetos de especial protección constitucional en un procedimiento especial.