AUTO CONSTITUCIONAL 0216/2012-CA

La recurrente interpuso recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad dentro del proceso ordinario sobre la resolución de contrato, en el cual la autoridad jurisdiccional dictó Resolución de 7 de julio de 2011, que fue confirmada por el Auto de Vista 450/11 y Autos complementarios 147/11, 152/11, 155/11, presentando la incidentista recurso de casación o nulidad, que fue negado por Auto de 15 de diciembre de 2011, evidenciándose que el recurso de inconstitucionalidad no cumplió con el requisito de procedencia previsto en el art. 60.3 de la LTC, referido a la relevancia de la norma impugnada en la decisión del proceso; por cuanto, cuestiona el precepto normativo sin realizar la vinculación entre la validez constitucional de las normas impugnadas con la decisión que asuma la autoridad consultante, siendo que no existe resolución pendiente o sobre la que deba aplicarse la norma impugnada de inconstitucional, no siendo suficiente su simple enunciación, sin establecerse la necesaria vinculación entre ambas.

Por consiguiente, la decisión final que se adopte dentro del mencionado proceso civil no depende ni esta condicionada a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto legal impugnado, dependencia que constituye uno de los requisitos esenciales para hacer viable este recurso. Al respecto corresponde invocar el AC 0195/2005-CA de 6 de mayo, que señala que en el recurso incidental de inconstitucionalidad: “Para su procedencia, el legislador ha previsto además de los requisitos formales señalados por el art. 30 de la LTC, los siguientes, contenidos en el art. 59 de dicha Ley: a) que el incidente sea promovido dentro de la tramitación de un proceso judicial o administrativo, b) que el incidente se promueva de oficio o a solicitud de alguna de las partes que intervienen en el proceso; asimismo, ha previsto la necesidad de la existencia de duda razonable y fundada sobre la constitucionalidad de la disposición legal aplicable al caso concreto y la vinculación necesaria entre la validez constitucional de la norma con la decisión que deba adoptar la autoridad judicial o administrativa, es decir, que dicha decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición legal; consecuentemente, el recurso solo será procedente cuando la disposición legal sobre cuya constitucionalidad exista duda, tenga que ser necesariamente aplicada a la resolución del caso concreto a ser dilucidado dentro del proceso judicial o administrativo…”.