SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0031/2012

En el mismo sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional mediante la SC 0083/2010-R de 4 de mayo, ha manifestado que no es posible analizar la interpretación de la legalidad efectuada por jueces y tribunales ordinarios, conforme establecieron las SSCC 1846/2004-R y 1917/2004-R: “Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela establecidas en los arts. 18 y 19 de la Constitución, ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales”. (Las negrillas fueron añadidas).

           En ese entendido, si la justicia constitucional está facultada a analizar la interpretación de la legalidad ordinaria; empero, no podemos obviar tal como señaló la SC 0083/2010-R de 4 de mayo, “si bien a la jurisdicción constitucional le corresponde verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; no es menos cierto que el demandante o accionante debe invocar y fundamentar cuáles fueron las infracciones a las reglas de la interpretación admitidas por el derecho; situación que tampoco acontece en el presente caso, pues no ha expresado con precisión las razones que sustentan su posición, ni identificó con claridad qué criterios o principios interpretativos no fueron empleados o fueron desconocidos por las autoridades judiciales demandadas”.