AUTO CONSTITUCIONAL 0402/2012-CA

Asimismo, mediante el AC 0131/2010-CA de 30 de abril, se ha establecido: “`…el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad vinculado a un proceso judicial o administrativo, es un mecanismo previsto para el control de constitucionalidad, se activa en aquellos casos en los que las disposiciones legales que forman parte del objeto de control presenten signos de incompatibilidad o contradicción directa con la Constitución; a contrario sensu no se activa cuando una disposición legal contradice o es incompatible con otra disposición legal ordinaria de superior jerarquía, ya que en esa situación nos encontraríamos ante una ilegalidad no ante una inconstitucionalidad; por lo que el control de esa situación corresponde al ámbito del control de legalidad…´” (SC 0022/2006 de 18 de abril); entendimiento que fue complementado con el AC 0045/2004 de 4 de mayo y reiterado por la 0026/2010-CA de 25 de marzo, al determinar que: “`…La expresión de los fundamentos jurídico-constitucionales es esencial, pues no es suficiente la mera identificación de las normas constitucionales que se considera estarían siendo infringidas (…) también es imprescindible que se exprese y justifique en qué medida la decisión que debe adoptar el Juez o Tribunal depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición legal impugnada´” (las negrillas nos corresponden); en consecuencia, la inobservancia de estos requisitos hace inviable el ejercicio de un verdadero control de constitucionalidad y determina el rechazo del recurso.

En el caso de autos, los recurrentes también fundamentan y solicitan la nulidad del informe acusatorio, sin tomar en cuenta, que la finalidad del presente recurso es realizar control de constitucionalidad y no así control de legalidad; por lo que, se reitera que no se evidencia que los incidentistas hubieran realizado la fundamentación de inconstitucionalidad, pues sin argumento jurídico constitucional alguno señalan que el art. 43 del RPDPJ, es inconstitucional; es decir, no explican las razones o motivos por los cuales, en su criterio el precepto legal que se demanda contradicen el texto constitucional de manera que no se aprecia la duda razonable y fundada respecto a la inconstitucionalidad demandada, y menos fundamenta la relevancia que tendrá la norma con la decisión final del proceso.