AUTO CONSTITUCIONAL 0460/2012-CA

De lo anteriormente anotado, se puede inferir que la solicitud de promover el incidente fue planteado sin cumplir el requisito de contenido establecido por los arts. 30 y 60 de la LTC, que definitivamente carece de contenido jurídico-constitucionalidad, en razón a que las normas cuestionadas de inconstitucionalidad, no tienen ninguna incidencia con relación a la decisión final del proceso principal; es decir, no existe la vinculación necesaria entre la validez constitucional de la disposición legal con la decisión final de la resolución de proceso sumario administrativo.

Al respecto, a través del AC 0195/2005-CA de 6 de mayo, señaló que: “Para su procedencia, el legislador ha previsto además de los requisitos formales señalados por el art. 30 de la LTC, los siguientes, contenidos en el art. 59 de dicha Ley: a) que el incidente sea promovido dentro de la tramitación de un proceso judicial o administrativo, b) que el incidente se promueva de oficio o a solicitud de alguna de las partes que intervienen en el proceso; asimismo, ha previsto la necesidad de la existencia de duda razonable y fundada sobre la constitucionalidad de la disposición legal aplicable al caso concreto y la vinculación necesaria entre la validez constitucional de la norma con la decisión que deba adoptar la autoridad judicial o administrativa, es decir, que dicha decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición legal; consecuentemente, el recurso solo será procedente cuando la disposición legal sobre cuya constitucionalidad exista duda, tenga que ser necesariamente aplicada a la resolución del caso concreto a ser dilucidado dentro del proceso judicial o administrativo”. Tampoco se aprecia que el incidentista hubiera fundamentado la vinculación correcta de los preceptos impugnados con el derecho que se considera lesionado, limitándose a efectuar una nueva cita de las normas legales que acusa de inconstitucionales.