SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0262/2012

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, en contra de su representado, por la supuesta comisión del delito de violación de niño, niña o adolescente, sin embargo, pese a su delicado estado de salud se encuentra con la medida cautelar de detención preventiva; es así que el 23 de marzo del año en curso, interpuso una acción de libertad contra Rafael Alcón Aliaga, Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal de El Alto; Lilian Calderón, Fiscal de Materia adscrita a la División Menores y Janeth Quisbert Huanca, Secretaria del aludido Juzgado, por procesamiento indebido, indebida privación de libertad con estado de absoluta indefensión y riesgo de vida; acción que el Juez de garantías concedió parcialmente la tutela; y dejó subsistente la Resolución que dispuso su detención preventiva, con la única finalidad que su representado reciba atención médica urgente, dispuso su internamiento en un nosocomio.

Afirma que, por sorteo en el sistema IANUS, el proceso radicó en el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal, cuyo Juez que tenía conocimiento de la Resolución emitida por el Juzgado de garantías que dispuso su internación en un nosocomio, y considera que al ser, dicha autoridad, juez controlador de derechos y garantías es la facultada de hacer cumplir la mencionada Resolución.

En relación al Director General de Régimen Penitenciario y la Directora Nacional de Salud y Rehabilitación Social de la Dirección General del Régimen Penitenciario, el accionante señala que no cumplieron con la Resolución del Juez de garantías, extremo que también vulnera su derecho a la vida y a la salud.