SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0347/2013-L
Fecha: 20-May-2012
1)
Luis Alberto Castro Claros, Juez Quinto de Instrucción en lo Penal del Distrito judicial -ahora departamento- de Cochabamba, mediante informe escrito cursante de fs. 14 a 15, señalando: 1) Existe un informe de la Oficial de Diligencias que reporta que el accionante no ha provisto los recaudos de ley para que sea notificado con la resolución de aplicación de medida cautelar y tampoco para la remisión del cuaderno procesal; 2) Refiere que el Tribunal de garantías no tiene competencia para efectuar la valoración de la prueba, tampoco para valorar fundamentos emitidos por la autoridad jurisdiccional ordinaria y menos para disponer la libertad del acusado; 3) La Fiscal presentó una imputación formal contra el ahora accionante; misma que, no ha merecido ninguna excepción ni incidente; y, 4) Existe carga laboral abundante, además realiza audiencias todos los días y las horas; pidiendo con esos argumentos se rechace la acción de libertad solicitada.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- Fragmento 7
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad
- Fragmento 12
- III.2. Ratificación de la jurisprudencia referida a la celeridad que debe imprimirse en la remisión de la apelación incidental al Tribunal de apelación y la acción traslativa o de pronto despacho
- Fragmento 14
- III.3. De los recaudos de ley y el principio de gratuidad en la administración de justicia
- la autoridad jurisdiccional no puede paralizar la prosecución del proceso por esa circunstancia, por cuanto en los hechos implica dilación procesal indebida que atenta no sólo contra una de las partes afectada directamente, sino contra todo el sistema procesal diseñado en el nuevo texto constitucional'.
- queda suprimido y eliminado todo pago por concepto de timbres, formularios, y valores para la interposición de cualquier recurso judicial en todo tipo y clase de proceso, pago por comprobantes de caja del Tesoro Judicial y cualquier otro tipo de pago que se grave a los litigantes'
- no es compatible con el orden constitucional que la autoridad jurisdiccional, a título de falta de provisión de recaudos, paralice la tramitación de una causa o de un recurso de impugnación bajo el justificativo de no haberse proporcionado los 'recaudos de ley', toda vez que tal determinación incide directamente en la afectación del derecho a la libertad, ocasionando una dilación indebida y consecuentemente un estado de indefinición jurídica sobre la situación de la parte procesal, en el caso, de un privado de libertad.
- recaudos de ley', no pueden constituirse en un mecanismo que obstaculice la celeridad en el trámite del recurso de apelación incidental de la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares
- III.4. Análisis del caso concreto