SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0373/2012

Fabiola Álvarez Apaza, Jueza Primera de Instrucción de Familia, informó lo siguiente: 1) En el Juzgado se tramitó el proceso de asistencia familiar, demanda que concluyó con la Resolución pronunciada el año 1997, fijando una asistencia familiar de Bs180, a favor del beneficiario cuando contaba con siete años de edad, durante la tramitación del proceso se practicó dos liquidaciones que son aprobadas, posteriormente la parte demandante hace abandono, causándose el archivo correspondiente; sin embargo luego de diez años, solicitó el desarchivo, al mismo tiempo pidió una nueva liquidación que resulto en la suma de Bs.29.880 (veintinueve mil ochocientos ochenta bolivianos), este acto procesal es notificado mediante edictos; 2) Al no ser encontrado el obligado, el mandamiento de apremio es representado y conforme a procedimiento se expidió uno nuevo con facultades extraordinarias, notificado también por edictos, el demandado con la orden de apremio es detenido  en el penal de “San Pedro” el 21 de septiembre de 2011, quien en ninguna oportunidad hace conocer los errores procesales y de indefensión que ahora se acusa, tan sólo se limitó a solicitar autorización para someterse a una atención médica, luego pidió se de cumplimiento al art. 11 de la Ley 1602, Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales (LAPACOP), es así que el 9 de abril de 2012, en audiencia preliminar se tomó juramento de cumplimiento de obligaciones y disponiéndose se expida mandamiento de libertad.

Desde otra perspectiva, para la consideración y resolución de la acción de libertad, debe tenerse en cuenta que los ámbitos de protección se diferencian por el derecho que protegen: 1) derecho a la vida; 2) derecho de locomoción, en tanto esté amenazado el derecho a la libertad personal; 3) derecho al debido proceso, en cuanto esté restringido el derecho a la libertad personal; y, 4) derecho a la libertad personal, por haberse privado al margen de la Norma Suprema y la Ley.