SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0373/2012

Debido a un proceso de asistencia familiar seguido por Cristina Tórrez Arias en su contra, el cual fue radicado el 29 de abril de 1996 en el Juzgado Primero de Instrucción Familiar de Familia, seguidamente admitido que fue, mediante Auto de 10 de mayo del mismo año, es corrido en traslado, ordenando su notificación personal mediante orden instruida, encomendando su ejecución a cualesquier autoridad hábil y no impedida  de la localidad de Rurrenabaque del departamento del Beni.

Señala que, ante la ineficacia de la orden instruida y consiguiente desconocimiento de domicilio, la parte demandante pidió citación por edictos con todas las irregularidades y nulidades absolutas del proceso, y dictada la Sentencia correspondiente, solicitó liquidación de las pensiones devengadas que alcanzó a la suma de Bs2340.-(dos mil trescientos cuarenta bolivianos), posteriormente abandonada y archivada dicha demanda; seguidamente el 17 de noviembre de 2010, previo desarchivo, pidió liquidación total de asistencia familiar y la Jueza que conoce la causa, advertida de las irregularidades en que es tramitado el proceso, acepta y ordena se practique la liquidación de asistencia familiar.

Refiere que, la autoridad demandada nunca observó que el beneficiario ya es mayor de edad, y por lo tanto debió exigir su apersonamiento, pero extrañamente otorgó todas las solicitudes hasta lograr el mandamiento de apremio con facultades extraordinarias y orden instruida, además que tampoco consideró que el abogado defensor que se asignó, en ningún momento ejerció la defensa, dejandolo en total indefensión, es así que el 15 septiembre de “2001” (2011), fue injustamente detenido, merced a un mandamiento de apremio por falta de pago de pensión familiar, circunstancias en que se encontraba en la localidad de Rurrenabaque, domicilio real en el que vive, remitido luego de dos días al penal de “San Pedro”  de la ciudad de La Paz.