SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0910/2012
Fecha: 22-Ago-2012
a)
Camilo Medina Rodríguez Fiscal Departamental de Cochabamba, remite informe escrito, puntualizando: a) No identifica de manera clara, la forma cómo habría vulnerado el derecho a la libertad del accionante, máxime si en ningún momento ha dispuesto la privación de la libertad del mismo, menos perseguirlo o procesarlo ilegalmente; b) El 8 de junio de 2012 se remitió a la Fiscalía Departamental, los antecedentes del proceso penal seguido por el Ministerio Publico a querella interpuesta por Evelyn Gutiérrez contra el ahora accionante, como emergencia del pronunciamiento de la Resolución de sobreseimiento emitida por la Fiscal de Materia, Teresa Ferrufino Navia; c) En la sustanciación de la acción de libertad, como mecanismo constitucional excepcional, al margen de demostrar y verificar la legitimación activa del accionante, también debe ocurrir lo propio con la calidad y legitimación pasiva del denunciado, por cuanto la acción debería estar dirigida contra quién ha dispuesto la privación de libertad del accionante, también contra quien ha negado la cesación de su detención preventiva; y, d) La Fiscalía Departamental representada por el Fiscal codemandado, tuvo conocimiento de los antecedentes del proceso penal de referencia, a horas 8:00 del viernes 8 de junio de 2012, por lo que conforme a la SC 0214/2011 de 11 de marzo, contaba a partir de ese instante con el término indefectible de cinco días para pronunciar la Resolución de ratificación o de revocatoria del mencionado sobreseimiento, por lo que teniendo en cuenta el cómputo de plazos a los que el art. 130 del CPP hace referencia, el término de los cinco días culminaría a las veinticuatro, del viernes 15 de junio de 2012.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de libertad y su naturaleza jurídica
- El informalismo
- III.2. Sobre la efectivización del sobreseimiento a efectos de que el Juez de la causa disponga de la libertad
- sin embargo, este Tribunal con relación a la aplicación de las normas relativas al sobreseimiento, en particular, asume que la ley determina un procedimiento tal, que la determinación del fiscal de materia, de ninguna manera puede ser comparada, o peor, asimilada, a una sentencia absolutoria, pues ésta, no sólo que es pronunciada por una autoridad jurisdiccional, sino que la Sentencia que ésta pronuncia, es el resultado de un proceso y que por su propia naturaleza, difiere en mucho de una etapa investigativa en la que, es deber del Ministerio Público, asegurarse que el sobreseimiento al que arribe como conclusión, en algunos casos, debe imprescindiblemente merecer el pronunciamiento del Fiscal del Distrito, cuyo procedimiento, dicho sea de paso, exige que el fiscal de materia eleve los actuados dentro de las veinticuatro horas ante el Fiscal del Distrito quien deberá pronunciarse en cinco días.
- concluye que es preciso dejar de lado el entendimiento que sobre el tema fueron expuestos en las SSCC 1071/2011-R y 1230/2006-R y retomar el entendimiento de la SC 1406/2005-R de 8 de noviembre, en el sentido que la resolución conclusiva de sobreseimiento emitida por el fiscal de materia debe de manera imprescindible contar con el pronunciamiento del Fiscal de Distrito en los casos que dicha resolución haya sido impugnada o, de oficio, cuando no exista parte querellante; sin que en esos casos le esté permitido al juez tomar la decisión de disponer la libertad del imputado
- A mayor abundamiento debe entenderse que si el Ministerio Público se demora en su tramitación, debe acudirse al juez cautelar para que éste inste al Ministerio Público a sujetarse a los plazos que determina la ley; un entendimiento contrario, impondría más bien, que el juez obre al margen de la ley, y que la justicia constitucional soslaye el principio de legalidad y a título de aplicar el principio de favorabilidad, ignore que una norma se presume constitucional entre tanto no sea el órgano de control de constitucionalidad el que determine su inconstitucionalidad.
- si se tratara de un indebido procesamiento en el que de por medio está la libertad de la persona, corresponderá a este Tribunal disponer que se reparen los procedimientos y no la libertad, pues, como se ha dicho, no se trata de una indebida privación de libertad sino de un presunto indebido procesamiento de una persona que está sometido a un proceso
- III.3. Análisis del caso concreto
- confirme o ratifique el sobreseimiento
- 1º APROBAR en parte