SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1001/2012

Dentro del proceso que se les sigue a denuncia de Cristina Castillo Calatayud, Carmen Castillo Calatayud y Juan Pablo Cronembold Ortiz, por la supuesta comisión del delito de estafa agravada, habiendo transcurrido más de los seis meses del inicio del proceso, la autoridad jurisdiccional, en base a informe evacuado por el Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Instrucción en lo Penal, conminó al Ministerio Público, mediante Resolución de 14 de diciembre de 2011, a presentar requerimiento conclusivo en el plazo de cinco días, el que se venció superabundantemente, por lo que, el 28 de igual mes y año, la Jueza de la causa, conminó a las víctimas para que en el plazo de cinco días, formulen acusación particular, dando por precluído el derecho del Fiscal a presentar acto conclusivo.

Manifiestan también que los denunciantes presentaron la acusación particular ante la Secretaría del Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal a horas 18:35 del 29 de noviembre de 2011, por encontrarse de turno, adhiriéndose a las pruebas documentales y materiales exhibidas por la Fiscalía, haciendo conocer que el Fiscal de Materia, habría formulado acusación contra los acusados; habiendo ordenado la Jueza de la causa se solicite la acusación indicada al Juzgado Décimo, sin que hasta la fecha de presentación de esta acción extraordinaria, la autoridad demandada, haya acreditado documento alguno; además, la supuesta acusación Fiscal que cursa en el expediente, carece de la firma de la autoridad fiscal, motivo por el cual, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 92, 93 y 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no puede ser considerada para fundar una resolución contraria a los intereses de los acusados; en consecuencia, la supuesta acusación, al no contar con la firma de quien la emite, carece de validez o fuerza legal en estrados judiciales, así como la prueba ofrecida en la misma, por lo que, de conformidad al art. 292 del CPP, existe abandono de querella, correspondiendo el rechazo de dicho documento y la emisión de mandamientos de libertad a favor de los procesados

Por otro lado indican que, respecto al incidente de defectos absolutos interpuesto por su parte, el Fiscal de Materia, hizo conocer a la autoridad jurisdiccional que presentó la contestación el 2 de diciembre de 2011, ante el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal, conforme acredita el cargo de recepción, y que este es el único documento que se ha remitido ante la Jueza de la causa, situación que demuestra que la supuesta acusación no se ha presentado, demostrándose que a la fecha no existe acusación Fiscal y que la acusación particular se asienta en las pruebas de la primera, por lo que correspondía a la autoridad jurisdiccional ordenar la extinción de la acción penal y expedir los mandamientos de libertad a favor de los imputados.

Añaden que, otra lesión de sus garantías y derechos, se refiere a la negativa de la Jueza de la causa de atender la solicitud de memoriales presentados por el coimputado Juan Armando Suárez Espinoza, desconociendo su situación de aprehendido dentro del proceso, cuando por Resolución de 27 de febrero de 2012, manifestó que el precitado no forma parte del proceso, por lo que debía procederse a la devolución de sus escritos, desconociendo que, por determinación del Juez Tercero de Instrucción en lo Penal en suplencia legal de su similar Décimo Segundo, se dispuso la detención preventiva de Juan Armando Suárez Espinoza.