SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1011/2012
Fecha: 05-Sep-2012
III.3. Análisis del caso concreto
En el presente caso el accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez, que al existir el requerimiento conclusivo de sobreseimiento 06/12 a su favor, como solicitud de mandamiento de libertad, la autoridad ahora demandada fijó audiencia de cesación de su detención preventiva sin señalar fecha ni hora y a pesar de haber presentado recurso de reposición contradicho decreto, el mismo no fue providenciado hasta la interposición de la presente acción de libertad, por lo que ante esa inobservancia se encuentra detenido de manera indebida por más de siete meses en el Penal de “San Pedro”.
Del análisis de los datos procesales que cursan en obrados, se establece que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora representado por la presunta comisión del delito de violación de la menor AA el Fiscal de Materia en aplicación de los arts. 323. inc. 3 y 324 del CPP por Requerimiento 06/12 de 4 de junio de 2012 decretó el sobreseimiento a favor del -hoy representado- el mismo que al ser puesto a conocimiento del Juez Segundo de Instrucción en lo Penal mismo que mediante Auto de 5 de junio del mismo año, en base a la ratio decidendi de la SC 1084/11-R ordenó la remisión y consulta ante el Fiscal Departamental; toda vez, que el mismo no podía ser ejecutoriada sin previo requisito. Siendo así, que después el accionante a través de memorial, solicitó se expida mandamiento de libertad y por Auto de 6 de junio de 2012 la autoridad judicial señaló audiencia pública de cesación a la detención preventiva para el 26 de junio del presente año a horas 17:00. Ante esta situación, el 13 de junio del año antes señalado, el ahora representado interpuso recurso de reposición contra dicho decreto, razón por la cual el Juez demandado a través de un nuevo Auto -14 de junio de 2012- se ratifique en la línea jurisprudencial señalada del trámite de sobreseimiento (SC 0214/2011-R).
De lo referido precedentemente se revela que el requerimiento conclusivo de sobreseimiento 06/12 no fue notificada y/ó presentada ante el Fiscal Departamental por parte de la Fiscal de Materia para que se pronuncie sobre la ratificación o revocatoria de dicho requerimiento, en los términos fijados por ley, limitándose sólo a poner en conocimiento del Juez Segundo de Instrucción en lo Penal, quien debió conminar al Fiscal Departamental para que se pronuncie dentro del plazo de ley.
Siendo así, que al haber actuado de manera dilatoria y pasiva la autoridad demanda, lesionó el debido proceso del ahora representado, razón suficiente para disponer que se reparen los procedimientos y no la libertad, pues, como se ha dicho, no se trata de una indebida privación de libertad sino de un presunto indebido procesamiento de una persona que está sometida a un proceso, sujeta a la ley.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- concedió en parte
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. De la finalidad y los alcances de la acción de libertad
- La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE
- III.2. De la necesaria modulación del entendimiento que se tiene sobre la potestad del juez cautelar de disponer la libertad en los casos de sobreseimiento
- cuando el sobreseimiento ha sido ratificado por el Fiscal de Distrito, el Fiscal del caso, debe poner de inmediato a conocimiento de la autoridad jurisdiccional (…), a objeto de que ordene se libre el respectivo mandamiento de libertad a favor del imputado detenido preventivamente, y cesen las medidas cautelares que le fueron impuestas”'
- debe librar el mandamiento de libertad en los casos de requerimiento conclusivo de sobreseimiento y de sentencia absolutoria
- Una vez transcurrido el lapso señalado, computado desde de la presentación del sobreseimiento, sin que el Fiscal de Distrito se haya pronunciado en cualquiera de sus formas, el juez a cargo del proceso, dispondrá la libertad inmediata del imputado sobreseído…
- La aludida SC 1071/2011-R, en otras palabras y en el orden práctico, asume como una determinación correcta el que el juez disponga la libertad del imputado al sólo transcurso del tiempo que la ley otorga al Fiscal de Distrito para pronunciarse sobre el sobreseimiento dispuesto por el fiscal de materia y que se le hubiera dado a conocer formalmente a la autoridad jurisdiccional;
- De esta manera, esta Sala, concluye que es preciso dejar de lado el entendimiento que sobre el tema fueron expuestos en las SSCC 1071/2011-R y 1230/2006-R y retomar el entendimiento de la SC 1406/2005-R de 8 de noviembre, en el sentido que la resolución conclusiva de sobreseimiento emitida por el fiscal de materia debe de manera imprescindible contar con el pronunciamiento del Fiscal de Distrito en los casos que dicha resolución haya sido impugnada o, de oficio, cuando no exista parte querellante; sin que en esos casos le esté permitido al juez tomar la decisión de disponer la libertad del imputado
- debe entenderse que si el Ministerio Público si se demora en su tramitación, debe acudirse al juez cautelar para que éste inste al Ministerio Público a sujetarse a los plazos que determina la ley; un entendimiento contrario, impondría más bien, que el juez obre al margen de la ley, y que la justicia constitucional soslaye el principio de legalidad y a título de aplicar el principio de favorabilidad, ignore que una norma se presume constitucional entre tanto no sea el órgano de control de constitucionalidad el que determine su inconstitucionalidad
- En cualquier caso, si se tratara de un indebido procesamiento en el que de por medio está la libertad de la persona, corresponderá a este Tribunal disponer que se reparen los procedimientos y no la libertad, pues, como se ha dicho, no se trata de una indebida privación de libertad sino de un presunto indebido procesamiento de una persona que está sometido a un proceso, sujeta a la ley
- III.3. Análisis del caso concreto
- APROBAR