SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1368/2012

La línea jurisprudencial precedentemente señalada es modulada por la presente sentencia, cambio de entendimiento que responde a un real acceso a la justicia constitucional, a una tutela constitucional efectiva y a una interpretación extensiva y bajo pautas de interpretación armoniosas al postulado plasmado en el art. 256.1 de la CPE que indica el principio de favorabilidad; por cuanto, en base al Fundamento Jurídico III.4, se establecen los siguientes presupuestos: 1) La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, 2) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad  frente a terceros” (las negrillas nos pertenecen).

En este entendido la reglas vertidas en supra opera la excepción de la subsidiariedad y es posible tutelar los derechos de las personas naturales o jurídicas, que demuestren fehacientemente su derecho propietario no controvertido o cuestionado y que hayan sufrido avasallamiento de su detentación y posesión por actos de hecho protagonizados por terceros ajenos a su propiedad, sean estos particulares, autoridades públicas, personas individuales o colectivas, con el ánimo de apropiarse arbitraria o ilegalmente, realizando actos contrarios a lo que ordena la Constitución Política del Estado, Tratados y Convenios Internacionales.

En este entendido la reglas vertidas en supra opera la excepción de la subsidiariedad y es posible tutelar los derechos de las personas naturales o jurídicas, que demuestren fehacientemente su derecho propietario no controvertido o cuestionado y que hayan sufrido avasallamiento de su detentación y posesión por actos de hecho protagonizados por terceros ajenos a su propiedad, sean estos particulares, autoridades públicas, personas individuales o colectivas, con el ánimo de apropiarse arbitraria o ilegalmente, realizando actos contrarios a lo que ordena la Constitución Política del Estado, tratados y convenios internacionales.