SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1418/2012

         De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece que el Fiscal de Materia del departamento de Santa Cruz, imputó formalmente a Gabriel Insua Gómez, por el supuesto delito de robo en grado de tentativa siendo recepcionado, por el Juzgado Primero de Instrucción Mixto de Puerto Suárez, provincia Germán Busch; en medidas cautelares, su similar Segundo en suplencia legal, el 31 de julio de 2012, ordenó la detención preventiva en la carceleta de “Bahía” del ahora accionante, y por la muerte de su señor padre, resolvió otórgale permiso de salida (para acompañar al cortejo fúnebre) a la localidad de Roboré de la provincia Chiquitos de ese Departamento, estando recluido y privado de libertad por más de diez meses.

Por lo expresado, el accionante debió acudir ante el Juez de la causa y solicitar la cesación de su detención preventiva, porque fue detenido en un debido proceso; revisado el proceso y las solicitudes del accionante, se evidencia que éste no realizo peticiones que puedan ser respondidas por la autoridad jurisdiccional, y así poder hacer uso de todos los recursos y facultades que nuestro ordenamiento legal vigente le otorga para defenderse en libertad, y no recurrir directamente a la justicia constitucional, que vigila el debido proceso (siempre que esté relacionada con el derecho a la vida y la libertad) y la correcta aplicación de la norma, como indica el Fundamento Jurídico III.3. En ese sentido, no se puede interferir las atribuciones y la competencia de la jurisdicción ordinaria, por lo que el actor debió, hacer prevalecer sus derechos en esa vía, circunstancias que determinan que en el caso de autos, conforme a lo relacionado y al no haberse demostrado lesión al derecho a la libertad individual y al debido proceso, corresponde denegar la tutela.