SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0062/2013

El deber de fundamentación y motivación de toda resolución judicial o administrativa, forma parte del derecho-garantía-principio del debido proceso, consagrado en el art. 115.I de la CPE; habiendo sido desarrollado por la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, entendiendo que “…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión” (SCP 0666/2012 de 2 de agosto, que recoge el razonamiento de la SC 0752/2002-R de 25 de junio).