SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1171/2013-L
Fecha: 04-Oct-2013
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Los accionantes a través de su representante legal, refieren que la CNS instauró proceso interno administrativo contra ellos, al haberse emitido memorándums para el pago de beneficios sociales con desahucio al personal jubilado sin efectuar el preaviso de noventa días y de los funcionarios que solicitaron retiro voluntario por jubilación, tramite en el que se pronuncio la Resolución Sumarial ASOFNAL RS 008/2011 de 28 de febrero, determinando la existencia de responsabilidad administrativa por el incumplimiento de los arts. 12 de Ley General del Trabajo (LGT), Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo y 61 incs. a), b), h) y k) y 87 inc. a) del Reglamento Interno de Trabajo, imponiéndoles como sanción el descuento del 20%, 15% y 10% del haber mensual; y, en el caso de los exfuncionarios el registro en la Contraloría General de Estado, responsabilidad administrativa contra la que plantearon los recursos de revocatoria y jerárquico, resultados mediante Resoluciones 006/2011 de 28 de marzo y 020 de 5 de mayo de 2011 respectivamente, confirmando la Resolución Sumarial, con la modificación de no aplicar el descuento de 10% del haber mensual a Alfredo Walber Andrade Santivañez.
Asimismo, indica que al haber cancelado los beneficios sociales de los trabajadores en edad de jubilación y por retiro forzoso, previa invitación a la jubilación y consiguiente extensión de memorándums, no significa contravención al ordenamiento jurídico administrativo, porque al tratarse de un retiro forzoso correspondía el pago de beneficios sociales como derecho consagrado en la Constitución Política del Estado y en la Ley General del Trabajo, aunque el responsable de planillas a tiempo de girar los finiquitos incurrió en confusión total e inobservancia del dictamen legal y del art. 20 de la LGT y que en algunos casos eses dictamen no ordeno el pago de desahucio y en otros si.
Por otra parte, señalaron que los memorándums aludidos fueron emitidos en cumplimiento de la orden del Administrador Regional de la CNS y art. 53 del Estatuto Orgánico de la citada institución, no conteniendo la orden de pago de desahucio, sino el pago de beneficios sociales por jubilación. En resumen, se toma en cuenta los informes respectivos de cada sección de la CNS. Con relación a los trabajadores invitados a jubilarse y que fueron objeto de pago del beneficio observado, el accionante refirió que se encontraban en edad de jubilación y obligados al retiro forzoso en su condición de empleados de una entidad autárquica, conforme disponen los art. 61 del Reglamento Interno de Trabajo del personal de la CNS y 66 de la LGT, disposición laboral que fue desconocida por la autoridad demandada en la Resolución ASOPFNAL RS 008/2011, al argumentar que la CNS, es una institución descentralizada y no autárquica. Por último, se habla de una carencia de motivación y valoración de las pruebas aportadas, que buscan favorecer a los intereses de la institución en desmedro de los trabajadores.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- I.2.1. Rechazo de la acción de amparo constitucional
- I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional
- a)
- denegó
- I.4. Consideraciones de Sala
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional. Su configuración constitucional
- III.2. Sobre el debido proceso en materia administrativa
- La importancia del debido proceso esta ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes…'
- el debido proceso también se configura como un principio que emerge del Estado de Derecho y del principio de legalidad en su vertiente procesal, que está expresamente previsto -como principio procesal de la jurisdicción ordinaria- por el art. 180.I de la CPE; empero, al derivar de otro principio cual es el de legalidad en su vertiente procesal, como ya se ha referido, no solo debe ser observado en instancias jurisdiccionales, sino también en administrativas; conforme lo ha establecido este Tribunal en la SC 0136/2003 R de 6 de febrero al señalar que: '… la Constitución Política del Estado (CPE), consagra la garantía del debido proceso, expresando que ¨Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado en proceso legal¨; de lo que se extrae que la Ley fundamental del País, persigue evitar la imposición de una sanción, o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal contenidos en la Constitución y las leyes que desarrollan tales derechos, garantía que conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, alcanza a toda clase de procesos judiciales o administrativos'.
- En el ámbito específico del procedimiento administrativo contra funcionarios públicos, a través de la SC 1027/2005-R de 29 de agosto, este Tribunal señaló que: '…la garantía del debido proceso debe efectivizarse en todas las instancias en las que a las personas se les atribuya la comisión de un acto que vulnere la normativa vigente, aplicando el procedimiento previsto en la ley. La comisión de faltas o contravenciones en las que incurran los funcionarios públicos, da lugar al inicio de un debido proceso administrativo…'
- III.3. Sobre la motivación de las resoluciones en sede administrativa
- Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado'”
- Fragmento 25
- III.5. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR