SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1171/2013-L
Fecha: 04-Oct-2013
II.4.
II.4. Auto inicial de proceso interno administrativo, emitido por Clotilde Bohórquez Flores, Autoridad Sumariante de la CNS ASOFNAL 002/2011 de 21 de enero, por el cual se “INSTAURA PROCESO INTERNO ADMINISTRATIVO, en contra de los Servidores Públicos detallados en el citado Informe: MOISÉS MARTÍNEZ ZENTENO - Administrador Regional, EDGAR HERNÁN VILLARROEL ROMERO - Jefe Médico Regional, JUDITH MIRIAM ELENA UREY CONTRERAS - Jefe Regional de RR.HH., ALFREDO WALBER ANDRADE SANTIVÁÑEZ - Jefe Regional de RR.HH., PEDRO STIONY MÉNDEZ CLAROS - Jefe Regional de RR.HH., RODOLFO COSSIO NAVA - Jefe Médico Regional, ANA LUCILA SORIA CALDERA - Jefe de Servicios Generales: Por haber emitido memorándum de agradecimiento de Servicios (jubilación), o retiro por jubilación sin considerar que previamente debía emitirse el preaviso de los 90 días. Asimismo contra: MOISÉS MARTÍNEZ ZENTENO - Administrador Regional, EDGAR HERNÁN VILLARROEL ROMERO - Jefe Médico Regional, JUDITH MIRIAM ELENA UREY CONTRERAS - Jefe Regional de RR.HH., ROSA BLANCA HERBAS GARCÍA - Jefe de Servicios Generales, RODOLFO COSSIO NAVA - Jefe Médico Regional, MIGUELINA ZENAIDA RIVERO FLORES - Supervisora Regional Enfermería: Por haber emitido Memorándum de Retiro, a funcionarios que presentaron su carta de retiro voluntario por jubilación y de la misma manera sin corresponder se les canceló el DESAHUCIO” (sic) (fs. 189 vta.).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- I.2.1. Rechazo de la acción de amparo constitucional
- I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional
- a)
- denegó
- I.4. Consideraciones de Sala
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional. Su configuración constitucional
- III.2. Sobre el debido proceso en materia administrativa
- La importancia del debido proceso esta ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes…'
- el debido proceso también se configura como un principio que emerge del Estado de Derecho y del principio de legalidad en su vertiente procesal, que está expresamente previsto -como principio procesal de la jurisdicción ordinaria- por el art. 180.I de la CPE; empero, al derivar de otro principio cual es el de legalidad en su vertiente procesal, como ya se ha referido, no solo debe ser observado en instancias jurisdiccionales, sino también en administrativas; conforme lo ha establecido este Tribunal en la SC 0136/2003 R de 6 de febrero al señalar que: '… la Constitución Política del Estado (CPE), consagra la garantía del debido proceso, expresando que ¨Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado en proceso legal¨; de lo que se extrae que la Ley fundamental del País, persigue evitar la imposición de una sanción, o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal contenidos en la Constitución y las leyes que desarrollan tales derechos, garantía que conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, alcanza a toda clase de procesos judiciales o administrativos'.
- En el ámbito específico del procedimiento administrativo contra funcionarios públicos, a través de la SC 1027/2005-R de 29 de agosto, este Tribunal señaló que: '…la garantía del debido proceso debe efectivizarse en todas las instancias en las que a las personas se les atribuya la comisión de un acto que vulnere la normativa vigente, aplicando el procedimiento previsto en la ley. La comisión de faltas o contravenciones en las que incurran los funcionarios públicos, da lugar al inicio de un debido proceso administrativo…'
- III.3. Sobre la motivación de las resoluciones en sede administrativa
- Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado'”
- Fragmento 25
- III.5. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR