SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2168/2013
Fecha: 21-Nov-2013
II.3.
II.3. Por Resolución Fiscal 13/2012 de 1 de agosto, emitida por el Fiscal de Departamental de Cochabamba, Camilo Medina Rodríguez, declaró la absolución de la procesada “… de la falta disciplinaria Muy Grave, prevista en el art. 107 num. 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público” (sic) (fs. 101 a 103 vta.); el 4 del mismo mes y año, por memorial dirigido al Fiscal referido, Elia Mireya Maldonado Oporto, interpuso recurso de apelación contra dicha Resolución (fs. 105 a 107 vta.); el 9 de igual mes y año, Magno Guillermo Mayori Machicao, también interpuso recurso de apelación contra la Resolución antes señalada (fs. 110 a 113 vta.); y, el 1 de octubre de 2012, el Fiscal Departamental de Cochabamba, admitió las apelaciones formuladas y dispuso la remisión del cuaderno de investigación ante el Fiscal General del Estado en su condición de Presidente del Tribunal Nacional de Disciplina del Ministerio Público (fs. 122).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- Fragmento 6
- I.2.3. Informe del tercero interesado
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza
- …el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar
- «La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes»
- este derecho fundamental no se satisface solamente con el cumplimiento mecánico de las reglas formales, sino que tiene una naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es importante el tratar de que se logre el objetivo de llevar adelante un proceso sea este administrativo o judicial- sin errores formales, es aun más importante, si cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en otras palabras, velar por la justicia material
- Este entendimiento consiste básicamente en el papel que debe desempeñar el juez o del tribunal colegiado que tiene por especial misión el administrar la jurisdicción constitucional, dentro de su tarea de velar por la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado, por lo que tendrá casos especiales en los que se tendrán que evaluar el cumplimiento del debido proceso formal y material, en los que posiblemente, los hechos denunciados se acomoden dentro de las leyes y estatutos que normen este tipo de situaciones, es decir, que las autoridades demandadas hayan cumplido con la normativa aplicable al caso, entonces nos encontramos con un debido proceso formal, sin embargo, si del análisis se establece que dicha normativa es de por si restrictiva de los derechos de defensa, o vulnere la seguridad jurídica de la administración de justicia y de los propios accionantes, entonces el juzgador deberá conceder la tutela precautelando sobre todo el orden justo y el debido proceso material
- Fragmento 21
- III.3. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones en el debido proceso
- CONFIRMAR en todo