AUTO CONSTITUCIONAL 0293/2013-RCA

Esto debido a que como entendió la SC 1023/2010-R de 23 de agosto, la ordinarización posterior del proceso ejecutivo o coactivo civil, “…encuentra su excepción cuando, atentos a la circunstancias de cada caso, la ordinarización del proceso ejecutivo no representa un mecanismo idóneo y efectivo para dilucidar los hechos vulneratorios de derechos fundamentales, es así que, cuando se aleguen y lleguen a constatarse vulneraciones al debido proceso que, posteriormente, en un proceso ordinario no podrán restituirse, se podrá analizar la problemática directamente mediante la tutela que brinda esta acción tutelar sin necesidad de recurrir a la aplicación del art. 28 de la LAPCAF” (las negrillas son ilustrativas).

En conclusión se determina que la parte accionante no incurrió en la causal de improcedencia establecida en el art. 53 del CPCo, referida al no agotamiento de las vías o recursos de reclamo previstos por ley; puesto que, si bien el art. 28 de la LAPCAF, permite la interposición del proceso ordinario contra la resolución del proceso ejecutivo, su presentación no constituye una exigencia previa para la interposición de la acción de amparo, como señala la jurisprudencia glosada precedentemente.