SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0184/2013
Fecha: 27-Feb-2013
concedió
Mediante Resolución 483 de 24 de noviembre de 2012, cursante de fs. 26 vta. a 28, el Juez Sexto de Instrucción en lo Penal del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, concedió la tutela solicitada por el representado del accionante, anulando el decreto de 19 del referido mes y año, así como la Resolución de 20 del mismo mes y año, ambas dictadas por el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal, debiendo en el plazo de veinticuatro horas dictar resolución debidamente fundamentada, conforme a los parámetros expuestos en la presente Resolución; asimismo, recordó a las partes que cuando de por medio se encuentra el derecho a la vida, conforme al art. 154 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), se puede prescindir de la orden judicial en casos de extrema urgencia por enfermedad; argumentando que: a) Por decreto de 19 de noviembre de 2012, el Juez demandado dictó una providencia, sin asignarle ningún valor al certificado médico forense que éste adjuntó, vulnerando con ello, el art. 124 del CPP, toda vez que no se trata de una cuestión de mero trámite sino que resuelve una solicitud que debió ser fundamentada; ante dicha determinación conforme el art. 125 de la norma citada, enmendó la misma, dejándola sin efecto, disposición legal que en su última parte señala que con la complementación y enmienda no se puede modificar esencialmente las mismas, aspecto que no fue observado por la autoridad demandada, quien la modificó al dejarla sin efecto; y, b) No se debió tramitar la referida solicitud como incidente, toda vez que al mediar el derecho fundamental a la salud debió ser atendido con la celeridad que el caso ameritaba, conforme lo establecido en la SC 1158/2011 de 29 de agosto y la jurisprudencia constitucional, las solicitudes de salida de centros penitenciarios para ser atendidos por salud, deben ser tramitadas con la correspondiente celeridad, sin dilatar las mismas con traslados a la otra parte; inobservancia con la cual el Juez demandado vulneró y puso en riesgo los derechos a la salud y a la vida de Aly Marcelo Limón Camacho, por lo que corresponde su tutela a través de ésta acción de libertad.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO
- La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva,
- En relación al 'hábeas corpus' correctivo la SC 0170/2010-R de 17 de mayo, que a su vez cita la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló: 'El hábeas corpus correctivo, no tiene como principal objetivo la búsqueda de la libertad del procesado, sino, como su nombre indica, corrige las agravantes ilegales de las condiciones de reclusión de los que se encuentren restringidos de su libertad. En consecuencia, trata de suprimir las condiciones de maltrato y mejorar la situación de quienes se encuentren privados de libertad
- El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos
- el hábeas corpus correctivo procede contra los actos lesivos a la integridad personal, integridad que debe entenderse en los planos físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con la dignidad humana. Bajo esa perspectiva, no es obtener la libertad de la persona, sino que cesen los maltratos, estado de incomunicación, las condiciones de detención, inclusive de hospitalización que puedan considerarse inhumanas, humillantes y degradantes
- III.2. El derecho a la vida y la posición de garantes en su tutela de los jueces de instrucción en lo penal
- De lo expresado y respecto a la protección del derecho a la vida de las personas privadas de su libertad, que adolezcan de problemas de salud, en principio establecer de que es posible su detención, sin embargo existen mecanismos para salvaguardar su derecho a la vida; así se tiene que, el art. 90 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), establece la existencia de un servicio de asistencia médica que debería funcionar las veinticuatro horas del día en cada establecimiento penitenciario, el cual se encuentra a cargo de funcionarios públicos dependientes del Ministerio de Salud y Previsión Social y funcionalmente de la administración penitenciaria; de igual manera el art. 92 del mismo cuerpo legal establece la posibilidad para que, cuando el médico constate la necesidad de un tratamiento especializado por parte del interno, éste pueda ser trasladado a un centro hospitalario, previo informe y recomendación al Juez de Ejecución Penal; por último, el art. 94 de la ya mencionada Ley, contempla la posibilidad de que en casos de emergencia, el Director del establecimiento o quien se encuentra a cargo, ordenará el traslado del interno a un centro de salud, sin embargo es menester aclarar que los jueces y tribunales, así como el Ministerio Público y autoridades penitenciarias, tienen el deber ineluctable de garantizar que estas condiciones se materialicen, puesto que dichas autoridades están en posición de garantes de su cumplimiento que además implica el cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Constitución'
- III.3. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR