SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0228/2013
Fecha: 06-Mar-2013
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Refiere, que es propietario de una propiedad urbana, ubicada en la colonia japonesa de San Juan de Yapacani, con una superficie de 5 460 m2, registrado a su nombre en la matrícula computarizada 7.04.3.01.0002808, asiento A-1, de 27 de mayo de 1992, adquirida de Wilfredo Estrada Gonzales; manifiesta que, desde que la adquirió, estuvo en continua y pacífica posesión, realizando el encierro con alambrado, donde tenía trabajadores que prestaban servicios en la misma.
Agrega, que sobre su terreno aludido, el 2 de julio de 2012, aproximadamente a horas 10:00, el demandado irrumpió violentamente con un grupo de cien a ciento cincuenta personas, ejerciendo violencia, armados con palos, machetes y lanzando amenazas, tumbando postes, rompiendo el alambrado que cubría la propiedad; expulsado a los trabajadores que cuidaban el terreno; refiere, que este hecho hizo conocer a la Policía mediante su hermano Eloy Medina Vaca a quien otorgó el poder 659/2012; quienes verificaron el acto ilegal e indebido y que fue corroborado a través de un informe emitido por los policías asignados al caso. Complementa indicando que, desde la fecha del avasallamiento se encuentran en posesión, el demandado y el grupo de personas en forma ilegal en el terreno.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- concediendo
- II.1.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela
- III.2. Sobre las medidas de hecho y requisitos para su procedencia
- i) la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros
- 1)
- son inviolables
- ha dejado establecido que: '«la seguridad jurídica» es un principio, y al ser un principio, no puede ser tutelado por el recurso o acción de amparo constitucional que tiene por finalidad proteger derechos fundamentales -no principios-, reconocidos por la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos reconocidos y/o ratificados por el país (que conforman el bloque de constitucionalidad) y las leyes; sin embargo, por su reconocimiento constitucional, no puede ser inobservado por las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas, a momento de conocer y resolver un caso concreto sometido a su competencia, por tanto es de inexcusable cumplimiento
- más sin embargo, ello no implica que sea tutelable, precisamente y como se tiene explicado, por no ser un derecho autónomo, como sostuvo la pasada jurisprudencia de este Tribunal
- III.5. Análisis del caso concreto
- i)