SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0228/2013
Fecha: 06-Mar-2013
III.5. Análisis del caso concreto
De los datos del proceso, se puede establecer que conforme arguye el accionante, el demandado junto con cien a ciento cincuenta personas, avasallaron la propiedad de éste, armados de palos, machetes ejerciendo violencia contra sus trabajadores, aspectos que conforme a la línea jurisprudencial citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional constituyen vías de hecho, para lo cual, conforme a la misma, la accionante demostró los dos aspectos requeridos:
Primero: demostró a través del informe descrito en la Conclusión II.3 del presente fallo, que sobre el bien inmueble sito en la población rural de la colonia japonesa “San Juan de Yapacaní”, provincia Ichilo del departamento de Santa Cruz, con una superficie de 5 460 m2, de su propiedad; el demandado a la cabeza de cien a ciento cincuenta personas, mediante actos de violencia ejercida contra los trabajadores que realizaban obras en ella, avasallaron y se asentaron en el lote de terreno señalado, aspectos que demuestran que los demandados ejercieron actos y medidas sin causa jurídica.
Segundo: demostró la propiedad y dominialidad del inmueble sito en la población rural de la colonia japonesa “San Juan de Yapacani”, provincia Ichilo del departamento de Santa Cruz, con una superficie de 5 460 m2 adquirida mediante venta de su anterior propietario Wilfredo Estrada Gonzales, acreditado por testimonio de escritura pública 15/1992, extendida por la Notaria de Fe Pública 1 de Montero, provincia Obispo Santiesteban del departamento de Santa Cruz, cursante de fs. 3 a 4 vta., así como por el folio real adjunto a fs. 5, donde se demuestra que se encuentra registrado en la matrícula computarizada 7.04.3.01.0002808 asiento A-1 a nombre del hoy accionante, de donde se establece que ese derecho propietario no se halla cuestionado o en litigio.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- concediendo
- II.1.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela
- III.2. Sobre las medidas de hecho y requisitos para su procedencia
- i) la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros
- 1)
- son inviolables
- ha dejado establecido que: '«la seguridad jurídica» es un principio, y al ser un principio, no puede ser tutelado por el recurso o acción de amparo constitucional que tiene por finalidad proteger derechos fundamentales -no principios-, reconocidos por la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos reconocidos y/o ratificados por el país (que conforman el bloque de constitucionalidad) y las leyes; sin embargo, por su reconocimiento constitucional, no puede ser inobservado por las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas, a momento de conocer y resolver un caso concreto sometido a su competencia, por tanto es de inexcusable cumplimiento
- más sin embargo, ello no implica que sea tutelable, precisamente y como se tiene explicado, por no ser un derecho autónomo, como sostuvo la pasada jurisprudencia de este Tribunal
- III.5. Análisis del caso concreto
- i)