SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0339/2013

Analizando la presente acción tutelar se advierte que la accionante por su representado, manifestó que se lesionaron al debido proceso y a la “seguridad jurídica”, cuando funcionarios del COA, procedieron al comiso de su mercancía, que según el ahora representado, estaba siendo legalmente importada, la misma consistió en productos “TODDY”; empero, los funcionarios de la Aduana arguyeron que la fecha de vencimiento del producto no correspondía a la fecha registrada en el certificado fitosanitario emitido por el SENASAG, por lo que se pronunció la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-512/2012 de 26 de septiembre, que declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía.

Ante esta situación la accionante presentó la acción tutelar, por considerar que procede la excepción al principio de subsidiariedad, al tratarse de productos alimenticios los cuales por su fecha de vencimiento podrían sufrir un daño inminente e irreversible, por lo que no tendría que agotarse los medios de impugnación, como el recurso de alzada ni jerárquico; arguyendo que el agotamiento de los mismos tardaría más de tres meses.

Sobre el particular, corresponde aclarar que la excepción al principio de subsidiariedad resulta improcedente cuando las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, o cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación, y cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico y las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa; si bien es evidente que la jurisprudencia constitucional desarrollada en los Fundamentos Jurídicos III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional también establece las reglas de excepción al principio de subsidiariedad entre ellas, cuando sea previsible un daño irreparable o irremediable, cuando el medio de defensa resulte ineficaz y cuando se trate de grupos de atención prioritaria -niños, adultos mayores y personas con capacidades diferentes- y por medidas de hecho; sin embargo, para ingresar al análisis de fondo y aplicar la excepción a este principio, la parte accionante tiene la obligación de probar mediante medios objetivos el riesgo de daño grave e irreparable que pueda ocasionarse en caso de no operar la tutela constitucional de manera inmediata, no siendo suficiente invocar la aplicación de la excepción al principio de subsidiaridad, simplemente expresando supuestos que en criterio del accionante puedan ocasionar daños graves e irreparables. Dentro de la presente acción tutelar la accionante se limitó a señalar que los productos alimenticios podrían sufrir daño irreparable en los almacenes de la aduana, sin que conste la demostración fehaciente del daño irreparable que alude, pues existen elementos subjetivos que permiten concluir que los productos decomisados estarían en un depósito que no es recomendable para su conservación, sólo hizo mención que las fechas de vencimiento de sus productos expirarían en mayo de 2013.

Por otro lado, la accionante arguyó que la interposición de los medios de impugnación como son los recursos de alzada y jerárquico llevarían un año hasta su conclusión, pero como se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.5 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional los recursos de impugnación se rigen por los plazos establecidos en el Código Tributario Boliviano, siendo veinte días perentorios para el recurso de revocatorio y veinte para el jerárquico, por lo que tampoco se evidencia que el agotamiento de los medios de impugnación habría implicado una protección tardía, a efectos de prescindirse de los medios previstos por el orden interno.

En ese contexto la SCP 0249/2012 referida en el Fundamento Jurídico III.5 de ésta Resolución Constitucional, ha desarrollado los mecanismos de impugnación específicos en materia aduanera, contenidas en el Código Tributario Boliviano, así se tiene que el art. 131 establece que, contra aquellos actos podrá interponerse el recurso de alzada, norma concordante con el art. 143 del mismo Código, que prevé el sistema de impugnación recursiva ante las Superintendencias Tributarias, estableciendo el recurso de alzada que será admisible contralas resoluciones sancionatorias.

Por otro lado, a este Tribunal Constitucional Plurinacional no le corresponde realizar la valoración de la prueba como se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia, ya que para ello existen requisitos, los cuales no cumplió la accionante, no demostró que exista un apartamiento de los marcos legales de razonabilidad en la decisión, o que la autoridad adopto una conducta omisiva al no recibir o compulsar la prueba que le fue presentada, advirtiéndose que la Resolución Sancionatoria por Contrabando de 26 de septiembre de 2012, emitida por la Aduana Interior Santa Cruz, valoró la prueba presentada por el ahora representado, como es el certificado del SENASAG, observando que ese documento forma parte esencial del despacho aduanero y el mismo fue corregido en el reverso en cuanto a las fechas de vencimiento de la mercancía comisada, no coincidiendo con la fecha de vencimiento de la mercancía nacionalizada con la DUI presentada como descargo, y de acuerdo al análisis técnico se recomendó emitir Resolución Sancionatoria disponiendo el comiso definitivo de las cajas de alimento achocolatado “TODDY”, por lo que no se evidencia la omisión valorativa denunciada, aspecto que impide a que este Tribunal revise la valoración de los elementos probatorios efectuado dentro de los procesos aduaneros, al ser competencia privativa de dicha instancia; y, por lo mismo, no corresponde determinar en esta instancia constitucional la existencia o no del delito de contrabando, conforme pretende la accionante, toda vez que la protección que brinda la acción de amparo constitucional es proteger los derechos fundamentales, cuando se advierta que por actos u omisiones indebidos se haya puesto en riesgo o vulnerado los mismos, sin que se encuentre dentro de su alcance el ejercer atribuciones que corresponden a la jurisdicción ordinaria o las instancias administrativas, máxime si en el caso, tampoco se advierte conforme se ha señalado los supuestos en los que esta jurisdicción pueda revisar la valoración de la prueba realizada por las instancias correspondientes.

Consecuentemente de los fundamentos jurídicos desarrollados dentro la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se advierte que la acción de amparo constitucional, no puede ser utilizada como mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia, la subsidiariedad de la acción de amparo constitucional debe ser entendida como el agotamiento de todas las instancias dentro el proceso o vía legal, sea administrativa o judicial, donde se acusa la vulneración, dado que, donde se deben reparar los derechos fundamentales lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde han sido conculcados, y cuando esto no ocurre queda abierta la protección que brinda esta acción constitucional.