AUTO CONSTITUCIONAL 0134/2013-CA

         De lo anteriormente desarrollado, la recurrente busca la nulidad de la Resolución 302/2011, alegando que fue dictada usurpando funciones y en ejercicio de competencia que no emana de la ley, más propiamente una supuesta incompetencia para realizar una labor interpretativa de legalidad ordinaria, parámetros que acusan el incumplimiento del debido proceso dentro del proceso disciplinario que se siguió en su contra, siendo que el recurso directo de nulidad tiene características especiales y un ámbito de protección diferente a otras acciones, de modo que los argumentos empleados no son válidos para que éste Tribunal realice un análisis de fondo en el presente caso, incurriendo en la causal de improcedencia establecida en el del Código Procesal Constitucional.

         Por otra parte la Constitución Política del Estado y el Código antes mencionado, establecen la vía del amparo constitucional, para la protección de supuesta vulneración al derecho al debido proceso, aún tratándose de la legalidad ordinaria, al efecto sólo deben cumplirse las reglas establecidas al efecto.